La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) informó este lunes 27 de julio la imposición de sanciones y recomendaciones de destitución contra 20 servidores públicos, como resultado de una serie de investigaciones administrativas por presuntas faltas al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.
Uno de los casos más llamativos involucra a la Alcaldía de Arraiján.
La Antai sancionó a la alcaldesa, Stefany Peñalba, con una multa equivalente al 50% de su salario mensual, tras comprobar que contrató a dos de sus primos hermanos para laborar en la institución, lo que configuró un conflicto de intereses. Aunque ambos presentaron su renuncia en enero de este año, la autoridad concluyó que las contrataciones vulneraron las normas éticas que rigen el servicio público.
Como parte del mismo expediente, la entidad también recomendó la destitución de una funcionaria que mantenía un vínculo de afinidad con la alcaldesa, al ser madre de los hijos de uno de los primos contratados por esta. Para la Antai, esa relación también constituye un conflicto de intereses incompatible con el ejercicio de la función pública.
Unachi sigue en la mira
La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) concentra el mayor número de sanciones anunciadas. Diez servidores públicos fueron sancionados por nepotismo, luego de determinarse que laboraban junto a familiares dentro de la misma unidad administrativa, en contravención de las disposiciones del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.
En esa misma casa de estudios superiores también fue sancionada una funcionaria con el descuento del 30% de su salario mensual por hacer un uso inadecuado del tiempo de trabajo. La investigación estableció que, durante un período de cuatro meses, acumuló 33 tardanzas, incumpliendo los deberes inherentes al ejercicio de la función pública.
La Caja de Seguro Social (CSS) también figura entre las entidades alcanzadas por las investigaciones. La Antai recomendó la destitución de dos servidoras públicas al determinar que ambas incumplían con el registro de asistencia y que no existía una resolución formal que las eximiera de esa obligación. Además, el expediente concluyó que no había mecanismos efectivos para verificar el cumplimiento de sus jornadas laborales.
Las investigaciones también derivaron en sanciones contra dos servidores públicos de la Dirección General de Ingresos (DGI), en la provincia de Coclé, por conflicto de intereses, luego de comprobarse que uno de ellos representaba, de manera particular, a otra servidora pública en procesos litigiosos durante su jornada laboral.
Asimismo, fue sancionado un funcionario del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) por no reunir los requisitos exigidos para el cargo que ocupaba, y a otro del Ministerio de Educación (Meduca), en Chiriquí, por incumplir su jornada laboral.
La lista de expedientes concluye con una sanción impuesta a una servidora pública de la Gobernación de Panamá, luego de comprobarse que no reunía los requisitos exigidos para el cargo para el cual fue nombrada.
En conjunto, las decisiones divulgadas por la Antai abarcan casos de nepotismo, conflictos de intereses, incumplimiento de la jornada laboral y nombramientos de funcionarios que no cumplían con los requisitos para ejercer sus cargos.
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