En medio del escándalo desatado por un informe de la Asamblea Nacional (AN) que denunció abuso sexual, físico y psicológico contra menores que se encuentran en albergues supervisados por el Estado, el pleno de la AN citó este lunes 15 de febrero a la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, y a la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), María Inés Silvera, para que respondan un cuestionario sobre las irregularidades y manejo que se han denunciado en los albergues.
Las funcionarias deben responder cuántos albergues de menores autorizados por el Estado se encuentran operando en la actualidad, así como cuántos niños, niñas y adolescentes pernoctan en cada albergue.
Además, deberán detallar montos específicos y fechas de pago, de cuánto se recibe en subsidio estatal, y si existen profesionales contratados por la Senniaf o Mides laborando en dichos albergues.
También tendrán que explicar si los menores están recibiendo educación requerida, cuántos de ellos son personas con discapacidad, y si reciben las terapias necesarias.
Los diputados citaron además, a las exfuncionarias Carla García, actual gobernadora de la provincia de Panamá, Yazmín Cárdenas e Idalia Martínez para que respondan el cuestionario.
El viernes pasado el Ministerio Público (MP) anunció la apertura de una investigación de oficio luego que un informe de una subcomisión de la AN destapara que decenas de menores de edad fueron abusados sexualmente y violentamente maltratados física y sicológicamente por sus cuidadores durante los últimos cuatro años en al menos 12 albergues financiados y supervisados por el Estado.
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Según el informe que fue elaborado por un grupo de diputados de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la AN, hasta agosto del año pasado, cuando arrancó la investigación, habían 942 niños, niñas y adolescentes en albergados a nivel nacional. De estos, el 49 % estaba a ordenes de la Senniaf, el 24 % de los Juzgados de Niñez, un 17 % bajo la tutela de familiares, el 8 % a ordenes del ministerio y el 2 % se encontraba en hospitales.
De estos niños, niñas y adolescentes sesenta (60) se encuentran en adoptabilidad y ochocientos ochenta y dos (882) se encuentran en protección.
