La indolencia de los funcionarios públicos en momentos en que los ciudadanos ve mermado sus ingresos por la pandemia de la covid-19 y las restricciones impuestas, ha llevado a que se agote la paciencia expresó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).
El gremio expresó que los ciudadanos han sido testigos del despilfarro de fondos por parte de un gobierno que no solo evitó hacer lo que solidariamente le correspondía, que era reducir salarios altos, sino que continúa aumentando la ya exorbitante planilla. La última bofetada en ese sentido la han dado los Gobiernos Locales, que, como parte de una estrategia absolutamente proselitista, utilizan fondos destinados a obras comunitarias, para pago de gastos administrativos.
Agrega que la distribución de presupuestos con criterios políticos es inmoral, más aún tomando en cuenta que hay sectores productivos realizando ingentes esfuerzos para mantener los empleos y reactivar la economía.
Los empresarios sostienen que la Contraloría General de la República tiene que cumplir en todo momento con su deber legal de auditar y fiscalizar el manejo que se les dé a todos los fondos estatales, no hacerlo oportuna e imparcialmente, la hace cómplice de estos despilfarros.
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La CCIAP cuestionó la labor de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), la que tiene la responsabilidad de ser proactiva y actuar según se lo exige la ley, y no puede esperar a que exploten investigaciones periodísticas para entonces reaccionar y actuar.
También indicó que la vigilancia ciudadana es importante, por lo que se debe mantener. En ese sentido, este gremio ha decidido asignar personal especializado para que dé seguimiento a la formulación y ejecución de los presupuestos gubernamentales; así como al uso de los fondos.
Además precisa que los tiempos y nuestra realidad financiera -una deuda equivalente al 65% del PIB- exigen racionalizar los gastos estatales favoreciendo inversiones que mejoren nuestras perspectivas de futuro en lugar de comprometerlas.
Los empresarios plantean que mas allá del aspecto financiero, el mal manejo de fondos públicos pervierte el tejido social y profundiza la falta de credibilidad en las instituciones, factores que a la postre podrían pasar facturas que ni el dinero podrá pagar.


