Una subcomisión de la Asamblea Nacional (AN) presentó el mes pasado un informe que detalla que desde 2015 decenas de menores de edad fueron abusados sexualmente, maltratados física y psicológicamente en 14 albergues.
Los albergues en Panamá, unos 50 con una población de cerca de mil 200 menores según datos oficiales, son administrados por ONG y fundaciones, pero están bajo la supervisión del Estado a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) que en muchos casos además les otorga fondos públicos.
Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) hoy, la mayoría de los ciudadanos “ve sus derechos vulnerados frente a un sistema judicial que no es capaz de defender los más básicos derechos constitucionales de los ciudadanos en esta pandemia, que no muestra resultado alguno ante los numerosos casos de corrupción de alto perfil, que con su falta de resultados impide que el país se defienda de listas discriminatorias multicolores, y como si fuese poco, no logra proteger ni siquiera a los niños y adolescentes de este país”.
La CCIAP, a través de La Cámara Opina, reiteró este domingo la necesidad de atender las reformas al sistema de administración de justicia “con prontitud”.
“La CCIAP exige consecuencias reales ante las revelaciones de los informes con respecto a centros infantiles que debían ser supervisados y monitoreados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y donde se detallan atrocidades inadmisibles, ante las cuales la justicia no puede continuar paralizada y muda”, reseña un comunicado del gremio empresarial.
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Sobre la renuncia de Eduardo Ulloa de la Procuraduría General de la Nación la CCIAP manifestó que ha dejado más preguntas que respuestas claras y verdaderas.
“Llama la atención que luego de haber hecho carrera dentro del Ministerio Público, el Procurador General sustente su renuncia en un supuesto desconocimiento del escrutinio público del cargo y de la profundidad de las debilidades y necesidades del sistema para el cual se había comprometido a trabajar. Ante estos argumentos inconclusos y nada transparentes, la población merece respeto y explicaciones reales”, resalta el comunicado.
La CCIAP advirtió que el próximo nombramiento requiere una figura independiente que lleve adelante procesos con resultados y consecuencias para quienes infringen la ley.
La Fiscalía dijo el mes pasado que se investigarán a los “54 albergues” de todo el país y confirmó que se han abierto 8 investigaciones, algunas desde hace dos años o más.
Los hechos han provocado una ola de indignación desde hace semanas con manifestaciones en todo el país para exigir justicia y mostrar su repudio ante lo sucedido.
