En una carta abierta al presidente de la República, Laurentino Cortizo, firmada por Mario Galindo Heurtematte, Ricardo Bermudez, José Stoute, Francisco Sánchez Cárdenas, José Chen Barría, Ramón Ricardo Arias Porras, Hernando Franco Muñoz, Tomas Paredes Royo, Juana Camargo, Enoch Adames, Carlos Barsallo, Ricardo Alberto Arias, Leonor Calderón, Manuelita de Saint Malo, Annette Planells, José Luis Sosa, Carlos Manuel Lee Vasquez y Raisa Banfield les solicitan que vete el proyecto de Ley 789 que modifica el artículo 9 de la Ley 80 del 2012 que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística en Panamá y que pretende reemplazar en parte la Ley 122 de 2022.
En la misiva los ciudadanos denuncian que el proyecto de Ley 789 otorga una serie de créditos fiscales a favor de un grupo limitado de inversionistas, créditos fiscales equivalentes, entre el 60 y el 100 % del monto de las inversiones en proyectos turísticos en ciertos distritos del país, con el argumento que tales proyectos ayudarán a promover el turismo a nivel nacional.
PUEDE LEER: Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres se reunirán en Panamá
Agregan que lo que no dicen los impulsores del proyecto de ley es que el otorgamiento de tales créditos fiscales equivale a que el Estado, es decir todos los ciudadanos, sean los que sufraguen el costo de las inversiones turísticas que estos realicen, pero solo los inversionistas se benefician, lo que de por sí es un abuso a la ciudadanía.
Los firmantes de la carta indican que tampoco dicen los promotores del proyecto 789 fue aprobado aprobado en corto tiempo por la Asamblea Nacional y sin que mediara estudio alguno por parte del Ministerio de Economía y Comercio (Mef), según ha afirmado su propio representante, ni de ningún otro organismo, público o privado que justifique otorgar semejantes incentivos fiscales lo que causará graves perjuicios económicos al Estado, además de que constituye un atentado contra la seguridad económica y la tranquilidad social del país.
Los ciudadanos le recuerdan al presidente Cortizo que la Ley 122 de 2022 está impugnada por inconstitucional en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la que cuenta con la opinión del Procurador General de la Nación que la considera que viola de la Constitución Nacional.
Exhortan al presidente Cortizo a vetar el referido proyecto por inconveniente e inexequible y a someter la cuestión constitucional a la CSJ.
