¿Qué hará cada institución cuando encuentre a una persona viviendo en la calle? Esa es una de las preguntas que busca resolver la comisión convocada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que celebró un encuentro de reflexión sobre la atención a esta población.
La cita reunió a entidades públicas, municipios, organizaciones sociales y comunidades de fe.
Durante dos días de taller, los participantes abordarían las fallas en la respuesta institucional y los mecanismos para coordinar el acompañamiento.
La Comisión Interinstitucional para la Garantía de Derechos y la Atención Integral de las Personas en Situación de Calle fue creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 11 del 23 de julio de 2026.
Su trabajo debe abarcar todos los municipios del país y comprende coordinar, dar seguimiento y evaluar las políticas dirigidas a esta población.
Entre las tareas asignadas figuran preparar un plan nacional, diseñar protocolos de intervención basados en derechos humanos y recomendar cambios en las políticas públicas y las normas.
El encuentro también busca identificar vacíos entre instituciones y construir un diagnóstico.
La ministra Beatriz Carles de Arango señaló que vivir en la calle puede estar relacionado con varios factores a la vez, entre ellos pobreza, desempleo, problemas de salud, consumo problemático de sustancias y ruptura de vínculos familiares.
Por eso, planteó que una sola entidad no puede atender la situación por su cuenta.
El taller es facilitado por el sacerdote Carlos Francisco Olivero, vinculado a la Pastoral Latinoamericana de Personas en Situación de Calle.
Olivero propuso conectar las soluciones técnicas con las redes de apoyo de comunidades, iglesias, organizaciones y gobiernos.
