El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial en pleno concedió un Amparo de Garantías Constitucionales presentado por el fiscal de Circuito de la Sección Especializada en Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia de la provincia de Chiriquí, Everardo Antonio González Benavides, en contra de la medida adoptada por la juez de Niñez de Adolescencia y Familia Margarita Camargo Cerceño de obligar a que en todas las fiscalías, Secciones y Personerías se le hiciera la prueba de la covid-19 a las víctimas menores de edad como requisito para ser atendidos y puesto a ordenes de ese despacho judicial.
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El tribunal en su fallo consideró que si bien se trata de acceso de menores de edad a las instalaciones del Ministerio Público, Juzgados, no menos cierto es que cada uno de esos despachos están obligados a cumplir con las medidas de bioseguridad, sin que tengan necesidad de hacer en cada caso obligatorio el examen de la covid-19, ‘hacerlo estaríamos violando el derecho que tienen todo individuo, en este caso los menores de edad de acceder al tribunal competente y ser oídos’, sostuvo.
