Las cuentas y otros activos de Corporación La Prensa siguen secuestrados por una orden de la jueza Decimoquinta Civil, Lina Castro De León, en una demanda presentada por el expresidente Ernesto Pérez Balladares en marzo de 2012, por dos publicaciones en La Prensa.
La jueza negó una fianza, al tiempo que sometió a La Prensa a una incertidumbre judicial.
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El proceso lleva ocho años sin que se resuelva, no existe sentencia alguna después de estar siete años inactivo, el demandante lo reactivó presentando el secuestro.
Esta acción ha sido criticada por distintos sectores, pues afecta la libertad de prensa.
En un caso similar, el Primer Tribunal de Justicia, al resolver una apelación en una demanda de los hermanos Ochy Diez contra La Prensa, señala que los medios periodísticos gozan de mayor libertad informativa tratándose de noticias relacionadas con funcionarios o fondos públicos.
