No existen elementos concluyentes en la investigación que comprueben la práctica de una esterilización forzada en mujeres indígenas de Bocas del Toro por parte de funcionarios de la Caja del Seguro Social (CSS) o del Ministerio de Salud (Minsa) informó la Defensoría del Pueblo.
La entidad comunicó que no ha podido establecer la vulneración al Derecho a la Salud, Dignidad Humana, Discriminación y Derecho de Petición de las mujeres de los pueblos originarios del área de Charco La Pava y comunidades indígenas adyacentes de la Provincia de Bocas del Toro.
La Defensoría del Pueblo, a cargo de Eduardo Leblanc, activó en el mes de febrero una comisión especial para llegar a la realidad material; trasladándose con un equipo interdisciplinario a Charco La Pava, en la provincia de Bocas del Toro, a investigar los hechos denunciados.
La institución defensora de los derechos humanos puntualizó que durante la investigación, hizo llamados reiterativos ofreciendo el servicio de exámenes de ultrasonido para corroborar la práctica de procedimientos de salpingectomía, sin embargo, hasta la fecha no ha acudido ninguna mujer para recibir dicha atención.
Según respuesta de las instituciones de salud, los procedimientos de salpingectomía realizados de 2019 a 2021, en los dos casos de mujeres procedentes de la comunidad de Charco La Pava, hubo consentimiento informado, de acuerdo a la firma estampada de las mismas.
La Defensoría del Pueblo instó al Minsa y a la CSS a realizar jornadas de consejerías comunitarias a mujeres originarias, incluyendo a las de la etnia Ngäbe Buglé, para explicarles en qué consiste el procedimiento de salpingectomía y sus efectos irreversibles, a cargo de funcionarios originarios que puedan explicar estos procedimientos en su lengua nativa.
La investigación de la Defensoría del Pueblo surgió luego de denuncias difundidas por la diputada suplente, Walkiria Chandler, según las cuales supuestamente mujeres indígenas habrían sido esterilizadas sin su consentimiento.
