Mediante una resolución de 30 de mayo de 2019, el Juzgado Décimoquinto Penal, a cargo de Leslie Loaiza, dictó un sobreseimiento definitivo a favor de Rafael Stanziola Apolayo, Rubén Darío Martínez Delgado y Eyda Marielena Aguilar investigados por el supuesto delito contra la administración pública, diferentes formas de peculado, en perjuicio del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).
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El juez Loaiza fundamentó su decisión en que “con relación a los artículos 223, 978, 980, 981, del Código Judicial los peritos, en este caso los auditores de la Controlaría General de la República, al momento de confeccionar debió valorar la solicitudes de materiales por el Miviot era de un precio más alto al que se plasmó en la orden de compra de la empresa, para la adquisición de una retroexcavadora y dos minicargadores". Además, el juez indicó que lo realizado en su momento por el Consejo Directivo del Programa de Ayuda Nacional (PAN), fue actuado de acuerdo a la ley, ya que fue aprobado el desembolso por parte de la Controlaría General de la República.
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Sostuvo que la conducta de dolo endilgada a los procesados no estuvo presente y lo cual es una parte importante del tipo penal; aunado al hecho que no hubo un menoscabo en el patrimonio del Estado.
El l juez Loaiza ordenó el levantamiento de todas las medidas cautelares personales y reales que le fueron impuestas a los investigados, quienes están representados por los abogados particulares Sabul Hernández, Lorena De Coronell y Lynette Stanziola.
La audiencia en este caso se realizó el pasado 19 de marzo, y esta relacionada con una investigación de oficio que inició la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, por supuestas irregularidades cometidas dentro del Programa de Techos de Esperanza, donde se hizo compras por invitación directa, a través del PAN, favoreciendo a un mismo grupo de empresas.
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La decisión del Juez será notificada a las partes y es susceptible de ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia.
