La Fiscalía General de Cuentas concluyó la investigación contra la directora del Instituto David, Nitzia Muñoz, por el cobro de doble salario, ya que en 2012 fue nombrada tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), estando en igual condición en la planilla del Ministerio de Educación (Meduca).
La fiscal General de Cuentas, Waleska Hormechea, dijo que ha solicitado el llamamiento a juicio para dos rectores de la Unachi, Etelvina de Bonagas y Héctor Requena Núñez, así como para la docente que no ha podido justificar el cumplimiento de las horas administrativas en el centro universitario.
La fiscal Hormechea expresó que el rector anterior y la actual están siendo llamados a juicio de manera solidaria, ya que pese a tener conocimiento que la docente laboraba en el Meduca, consintieron su nombramiento y por ende que continuara ejerciendo ambos cargos a tiempo completo.
En un comunicado la Unachi informó que la docente fue nombrada en 2012 por el anterior rector.
La actual rectora, Etelvina de Bonagas fue electa por primera vez en el cargo para el periodo 2013-2018, y se reeligió para el periodo 2018-2023.
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La Fiscal sostuvo que a la actual rectora de la Unachi se le cautelaron bienes en 2020 consistentes en cuentas bancarias y propiedades porque es la manera de asegurar que no sea ilusorio el proceso y también se realizó el aseguramiento del 15% del salario de la docente, así como la separación del cargo que es la manera de asegurar que no se siga cometiendo el perjuicio económico al Estado.
Agregó que la lesión patrimonial al Estado supera los 200 mil dólares.
En un comunicado firmado por la vicerrectora Académica de la Unachi, Olda Cano, se indica que la administración actual ha colaborado con la fiscalía proporcionándole toda la documentación requerida de la docente.
Además, señala que la contratación de docentes es un proceso que se realiza a través de una organización donde se asignan los horarios y las labores administrativas, de docencia, investigación y extensión de los docentes, el cual es un proceso que inicia en cada unidad académica básica y culmina con la firma de la Contraloría General de la República, las cuales han sido refrendadas desde 2012 sin objeción alguna. Estas organizaciones docentes no requieren la firma del Rector.
Agrega que la Rectora actual como representante legal acató un oficio de la Fiscalía de Cuentas del 31 de mayo de 2021 y ordenó la suspensión de salario a la docente investigada.
