El 48% de los panameños vive en la informalidad. Es decir, sobrevive y tal vez no sea sujeto a préstamos y todos los días debe ver qué hace para sustentar a su familia.
Este dato de la informalidad está en el informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos del 2022 y es un reflejo de la dura situación socioeconómica por la que atraviesa casi la mitad de la población panameña.
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Pero del otro lado están los privilegiados, los alcaldes, representantes y concejales que luego de que el Ejecutivo sancionó la ley podrán escoger su salario, porque no pueden ver afectados sus ingresos si son electos por votación popular. Ellos son como una casta especial.
Por ello, la ley es politiquera y ofensiva porque si hay un segmento de la administración pública que es partidista, ineficiente y decorativa son los gobiernos locales.
No sirven ni para recoger la basura de su comunidad ni tener los parques limpios, pero como son la maquinaria que mueve votos en los barrios, por eso le dan este premio que pagarán todos los panameños.
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