El manejo arbitrario de los recursos de todos los panameños revelado en la más reciente investigación periodística sobre la descentralización paralela evidencia que a quienes nos gobiernan les vale con la opinión ciudadana y sus necesidades.
Destinar abiertamente recursos estatales para favorecer a un candidato en una coyuntura política es criminal. Y en el caso de lo que ocurrió en Capira, demuestra que no importa siquiera que sea un aliado de gobierno, sino que pueda servir a los intereses de quienes tienen el poder en un momento dado.
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Todo lo anterior ocurre con la venia del Ejecutivo, incluyendo los organismos de fiscalización, que deberían estar supervisando el buen manejo de los recursos del erario.
Ni Capira ni el resto del país se merecen a estas figuras, a las que nunca les faltan padrinos y que han sabido llenarse los bolsillos y los de sus allegados, mientras que el pueblo que los elige recibe migajas que no cubren sus necesidades.
Necesitamos que se investigue y se castigue, pero también que el electorado haga conciencia.
