Un amparo de garantías constitucionales interpuesto por la firma Guerra & Guerra Abogados, apoderados judiciales del empresario Raúl De Saint Malo, hermano de la ex vice presidenta de la República Isabel De Saint Malo, se mantiene en el despacho del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cecilio Cedalise.
El recurso legal es contra la decisión adoptada el 10 de octubre de 2019 por el Tribunal de Apelaciones de Panamá integrado por Luis Mario Carrasco, Giles Pittí y Fernando Alonso, que revocó la medida de trabajo comunitario concedida al empresario, y en su lugar ordenó que pagara la condena en una prisión por el delito de blanqueo de capitales. dentro del caso Odebrecht.
De Saint Malo había sido beneficiado con una medida de trabajo comunitario que realizaría en la Junta Comunal de Ancón.
PUEDE LEER: Cortizo dijo sentirse conforme con el informe administrativo sobre la reyerta en La Joyita | Video
En sus argumentos, el Tribunal consideró que no podía ignorar la gravedad del hecho; además de que los integrantes de la Sala no conocen de ningún otro caso de blanqueo de capitales beneficiado con trabajo comunitario, por lo que no se le puede pedir al Tribunal que se aparte de los precedentes ya fijados.
Magistrado Cecilio Cedalise,El empresario De Saint Malo fue condenado a 60 meses de prisión por el Juzgado Duodécimo Penal a cargo de Oscar Carrasquilla tras validar un acuerdo de colaboración y de pena.
Con el acuerdo de la fiscalía el empresario fue declarado penalmente responsable del delito de blanqueo de capitales mediante sentencia del 27 de marzo de 2019, además del comiso de un millón 900 mil dólares que fueron consignados al tesoro nacional y dos buques valorados en un millón 82 mil 43 dólares.
Además de declararse culpable, De Saint Malo proporcionó información a la fiscalía que permitió vincular al proceso a otras personas, entre estas a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli, hijos del expresidente Martinelli de quien reconoció haber recibido pagos para la compra de un helicóptero y de otros bienes a través de una sociedad en la que eran socios.
La fiscalía sostiene que los dineros con los que compraron los bienes provenían de las coimas pagadas por la empresa Odebrecht.
PUEDE LEER: Arranca la feria de las flores y del café en Boquete
Esta investigación se mantiene abierta luego que el Primer Tribunal Superior de Panamá concedió un Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por la Fiscal Especial Anticorrupción, Zuleyka Moore extendiendo con ello el plazo de investigación.
