La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) ha insistido en que el Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) revele los nombres de los beneficiarios de los auxilios económicos y derogue la resolución que declaró esta información como confidencial. La Antai recordó al Ifarhu la necesidad de reglamentar el programa de auxilios, realizar convocatorias públicas para aspirantes y publicar informes mensuales detallados sobre los desembolsos. Estas instrucciones se emitieron en una resolución del 3 de febrero de 2023, pero aún no se han cumplido.
En abril y noviembre de 2023, la Antai emitió recordatorios públicos para que el Ifarhu actuara conforme a estas instrucciones. Sin embargo, hasta la fecha, estas demandas no han sido atendidas. La Antai reiteró el carácter público de la información relacionada con el uso de fondos estatales y solicitó al Ifarhu un informe sobre el estado y cumplimiento de la resolución.
Por otro lado, la Contraloría General de la República también ha clasificado esta información como reservada, respaldando la decisión de Meneses de declarar los nombres de los beneficiarios como confidenciales. El contralor Gerardo Solís ha defendido esta posición, alegando que algunos beneficiarios han sido “vilipendiados” por los medios de comunicación.
Este año, un año electoral, el Ifarhu cuenta con un presupuesto récord de $545.8 millones, lo que representa un aumento significativo en comparación con el año anterior.
