Mientras 51 niños, niñas y adolescentes esperan la posibilidad de integrarse a una familia, en Panamá hay 36 hogares que ya fueron declarados idóneos para adoptar.
Las cifras fueron divulgadas por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), que detalló que 31 de las familias aprobadas son nacionales y cinco internacionales.
Para alcanzar esa condición, los aspirantes tuvieron que completar las etapas de evaluación, capacitación y preparación establecidas por la legislación panameña.
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La adopción es una medida de protección definitiva para niños, niñas y adolescentes que, por distintas circunstancias, no pueden permanecer con su familia de origen ni ser reintegrados a ella.
Actualmente, los 51 menores en estado de adoptabilidad pueden ser considerados para incorporarse a una familia adoptiva, siguiendo los procedimientos correspondientes y tomando como prioridad su interés superior.
¿Qué deben hacer quienes desean adoptar?
Según la institución, las personas interesadas en adoptar deben pasar por distintas etapas antes de ser declaradas idóneas.
El proceso incluye evaluaciones, capacitaciones y preparación, con el objetivo de determinar si los aspirantes cuentan con las condiciones necesarias para brindar un entorno seguro, estable y permanente.
La SENNIAF también ofrece orientación a quienes deseen conocer los requisitos e iniciar el procedimiento.
El anuncio se da en momentos en que la institución busca reforzar los mecanismos para que menores que no pueden regresar con su familia de origen tengan la oportunidad de crecer dentro de otro núcleo familiar.
El antecedente de los albergues
La SENNIAF llegó a estar bajo la lupa durante 2026 por una serie de situaciones relacionadas con la atención de menores bajo protección estatal. Denuncias por presuntas vulneraciones de derechos, evasiones y cuestionamientos sobre la supervisión de albergues y centros de atención llevaron el tema incluso hasta la Asamblea Nacional.
La polémica tomó fuerza a inicios de año luego de denuncias relacionadas con el Centro de Atención Integral de Tocumen y otras situaciones que encendieron las alertas sobre la supervisión de estos espacios.
Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.
Foto: Cortesía SenniafEn febrero, el Ministerio Público informó que mantenía investigaciones vinculadas con posibles vulneraciones de derechos de menores en albergues y centros de atención. En ese momento se indicó que, entre 2017 y 2024, se habían tramitado 49 investigaciones, de las cuales 15 habían terminado en condenas.
El tema llegó posteriormente a la Asamblea Nacional.
El 1 de abril de 2026, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, compareció ante los diputados para responder un cuestionario sobre el funcionamiento del sistema de protección de niños y adolescentes.
Beatriz Carles de Arango, ministra del Mides.
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Durante esa sesión se informó que Panamá contaba con 48 albergues que atendían a 585 menores, según un censo correspondiente a enero de 2026. También se abordaron cuestionamientos sobre supervisión, recursos y manejo de los centros.
Fugas también encendieron las alertas
Los cuestionamientos aumentaron después de varias evasiones registradas durante ese mismo periodo.
El 24 de marzo, 15 menores se evadieron del Centro de Atención Integral de Tocumen tras registrarse disturbios en las instalaciones.
Pocos días después se reportaron nuevos incidentes y, el 5 de abril, SENNIAF informó sobre la evasión de tres adolescentes de un albergue privado. Una fue localizada posteriormente, mientras se mantenían activados los protocolos de búsqueda para ubicar a las demás.
Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.
LP/Elysée FernándezLa discusión sobre el sistema de protección continuó en los meses siguientes.
El 20 de mayo, un nuevo caso llegó a la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, luego de que una abuela denunciara presuntas irregularidades relacionadas con cinco de sus nietos que se encontraban bajo protección estatal.
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La SENNIAF respondió que había realizado gestiones para procurar la reintegración familiar y sostuvo que familiares consultados previamente habían manifestado no poder asumir el cuidado de los menores.
Es en medio de ese escenario que la institución vuelve ahora a poner sobre la mesa la adopción como una alternativa permanente para los niños, niñas y adolescentes que ya han sido declarados en estado de adoptabilidad y que no pueden regresar con sus familias de origen.
