El empresario Raúl de Saint Malo García, hermano de la ex vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, condenado a 60 meses de prisión (5años) por el Juzgado Décimo Segundo Penal a cargo de Oscar Carrasquilla, podría ir a la cárcel.
Esto luego que la juez de Cumplimiento Angeline Adames rechazó el reemplazo de la pena por trabajo comunitario por la falta de un consentimiento por escrito para la prestación del trabajo no remunerado, además de otros documentos.
El empresario a través de su abogada Nedelka Díaz, solicitó en una audiencia de cumplimiento celebrada en la Oficina Judicial en Plaza Agora que se le reemplazara la pena (lo que es permitido por ser solo 5 años de condena) a cambio daría clases como profesor en la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), sin embargo, aunque la fiscalía no se opuso, la jueza consideró que faltaba la autorización del Consejo Académico de la institución universitaria como lo exige la ley, además de que tiene que estar acreditado para poder prestar los servicios según lo que se establece para el nombramiento de profesores.
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La defensa tiene dos días para subsanar las fallas, de lo contrario será enviado a un centro penal.
A De Saint Malo García el juez Carrasquilla lo sancionó tras validar un acuerdo de colaboración y de pena logrado con la Fiscalía Especial Anticorrupción que investiga el caso Odebrecht.
Ministerio PúblicoLa pena impuesta de cinco años de cárcel, permite que pueda ser conmutada por trabajo comunitario, aunque la jueza Adames indicó que la naturaleza del trabajo es servir a la comunidad a través de una retribución justa, a la vez que sirva para internalizar el acto cometido.
Con el acuerdo de la fiscalía el empresario fue declarado penalmente responsable del delito de blanqueo de capitales mediante sentencia del 27 de marzo de 2019, además del comiso de un millón 900 mil dólares que fueron consignados al tesoro nacional y dos buques valorados en un millón 82 mil 43 dólares.
Además de declararse culpable, De Saint Malo García proporcionó información a la fiscalía que permitió vincular al proceso a otras personas, entre estas a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli, hijos del expresidente Martinelli de quien reconoció haber recibido pagos para la compra de un helicóptero y de otros bienes a través de una sociedad en la que eran socios.
La fiscalía sostiene que los dineros con los que compraron los bienes provenían de las coimas pagadas por la empresa Odebrecht.
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