El punto central de la discordia: la Ley 462, que sigue firme pese a los reclamos. La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, dejó claro que no se derogará, pero se mostró abierta a reglamentarla específicamente para el sector bananero. La propuesta busca calmar los ánimos, aunque el malestar entre los trabajadores se mantiene encendido.
“Ellos quieren un solo documento. El Ejecutivo está dispuesto a hacerlo vía reglamento”, explicó Muñoz, señalando que la economía y el empleo en la provincia ya no aguantan más cierres.
En la mesa también estuvo el director de la CSS, Dino Mon, quien advirtió que los bloqueos han generado retrasos críticos en tratamientos médicos, especialmente para pacientes de hemodiálisis y niños que esperan cirugías. “No se trata solo de protestar. Hay vidas afectadas”, dijo.
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, reveló que más de 7 mil trabajadores están sufriendo las consecuencias de las paralizaciones. Hizo un llamado directo a los sindicatos: “Hay que abrir la provincia, permitir el paso, mover la economía. Aquí también hay familias que necesitan comer”.
La protesta ha sido respaldada por Suntracs, gremios magisteriales y la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (Coonapip), quienes además de la ley, rechazan los acuerdos mineros y pactos con Estados Unidos.
Por ahora, el Gobierno mantiene su postura: no habrá derogación, pero sí diálogo y posibles ajustes reglamentarios. Bocas del Toro, sin embargo, sigue a la espera de soluciones reales y apertura definitiva.
