Luego que el contralor General de la República, Gerardo Solís, insinuara en una nota de prensa que durante la gestión del procurador de la Administración Rigoberto González y el ex contralor Federico Humbert los gastos de movilización de los alcaldes y representantes de corregimiento pasaron de 3 mil a 5 mil dólares mensuales, el procurador González le respondió a Solís dejándole claro cuáles son sus funciones.
En una nota enviada al Contralor Solís este martes 25 de enero de 2021, González indica que la labor fiscalizadora, reguladora y el control de los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, es función privativa de la Contraloría General de la República, mientras que a la Procuraduría de la Administración, entre otras funciones, le corresponde vigilar la conducta oficial de los servidores públicos y cuidar que todos cumplan sus deberes, “entre los que se cuenta usted y la institución a su cargo”, puntualizó.
El procurador González le indicó a Solís ”Si usted considera, que mi persona ha podido incurrir en presuntas irregularidades en lo que respecta al uso de fondos públicos y aumento de dichos gastos de movilización, solicito proceda a interponer la respectiva denuncia ante las instancias competentes, y evitar hacer insinuaciones infundadas en contra del desempeño de nuestro cargo”.
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El Procurador de la Administración continuo diciendo que lo que sí es cierto es que en distintos momentos la institución a su cargo ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el tema, una donde se solicitaba que se declarara la nulidad parcial del Acuerdo Municipal N°72 del Consejo Municipal de Arraiján en lo que se refería al gasto de movilización dentro de una demanda de nulidad presentada en la Corte Suprema de Justicia presentada por el abogado Patricio Villarreal actuando en nombre de Federico Humbert, en condición de Contralor General del la República.
Agrega que la Procuraduría de la Administración también absolvió una consulta de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), respecto al fundamento legal de los gastos fijos de movilización de los alcaldes y representantes y la posibilidad jurídica de fijar estos gastos, indicando que estos no forman parte de la estructura que establece el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Gasto Público, además de que los gastos establecidos en cada programa en las instituciones públicas debe ser de manera general y no individualizada.
Finalmente el procurador Gonzáles le dice al Contralor “Cumpla usted con sus funciones que yo seguiré desempeñando las mías”.
El contralor Solís ordenó la suspensión de los pagos de gastos de movilización a todos los alcaldes y representantes a nivel nacional. También suspendió los pagos de los gastos de representación arriba de 3 mil 500 dólares.
En el país hay 81 alcaldes y 679 representantes de corregimiento.
