El diputado Juan Diego Vásquez, calificó a la Asamblea Nacional como altamente opaca, es decir, muy poco transparente.
“Lo triste es que hay un compromiso, una tarea que tienen muchos de mis colegas y funcionarios que trabajan en el Estado de que se mantenga así. Lo más doloroso es que nos hacemos daño a nosotros mismos, le hacemos daño a la institución y le hacemos daño al país”, afirmó.
Vásquez animó a la sociedad civil a impulsar propuestas que promuevan la transparencia en la Asamblea.
“Creo los políticos en ejercicio, pero sobre todo las organizaciones de la sociedad civil, deben buscar la manera de articularse y organizarse para participar, porque tristemente en Panamá, si los diputados no sienten que hay un interés o una presión ciudadana para debatir temas, que a ellos por supuesto no les interesa discutir o presentar, no lo van a presentar a discusión ni a aprobar”.
Las palabras del independiente se dieron en el foro Asamblea Nacional, Transparencia y Pandemia organizado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana –Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, dentro de su ciclo de conferencias transparencia y pandemia, en alianza con Espacio Cívico.
El foro online fue presentado por Carlos Barsallo y Olga de Obaldía, presidente y directora ejecutiva, respectivamente, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana - Capítulo Panameño de Transparencia Internacional. Los invitados internacionales describieron la situación en sus países y coincidieron la importancia de la transparencia, rendición de cuentas de los miembros de la Asamblea.
Carlos Barsallo, presidente del Capítulo Panameño de Transparencia Internacional. Foto: Pastor MoralesDurante el foro recordaron que Asamblea en los meses de pandemia ha tenido pocas acciones de efecto positivo en el alivio de la crisis sanitaria, social y económica, al tiempo que aumentó su planilla y algunos de sus miembros incumplieron la cuarentena.
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Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo explicó cómo la transparencia es la base fundamental del parlamento abierto, pues con la relación que plantea esta modalidad se espera que la Asamblea ponga a la disposición de la sociedad sus procedimientos internos y que sus procesos sean transparentes y debidamente justificados. El nuevo modelo de gestión se sienta en cuatro pilares: transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y promoción de la ética y probidad de los diputados y funcionarios de las asambleas.
Alarcón considera necesario que la información sea entregada a los ciudadanos de la forma más sencilla y digerible posible, en datos abiertos, ya que los ciudadanos somos los dueños de toda la información parlamentaria, contemplando resúmenes para que el ciudadano sepa qué están haciendo sus representantes.
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En tanto, María Baron, directora Ejecutiva de Directorio Legislativo, hizo un repaso a la transparencia legislativa de la región y su efecto en los países latinoamericanos.
Baron mostró los resultados de un estudio realizado por el Directorio Legislativo en alianza con ParlAmericas, en el que en los dos primeros meses de la pandemia, 90% de la normativa que salió de los distintos países de Latinoamérica en materia de economía, movilidad, trabajo e ingreso social, salió del poder ejecutivo y no del legislativo, con poca actuación como órgano de control. Lo que calificó como una pérdida para la democracia.
Mientras que María Inés Solís, miembro del Consejo de ParlAmericas y diputada de la República de Costa Rica habló de los avances y la experiencia de su país en parlamento abierto. Costa Rica ha estado trabajando en la apertura legislativa desde 2014 y logró la aprobación de dos planes de acción de parlamento abierto que los llevó a ubicarse en el primer lugar del índice de transparencia legislativa.
Entre los diversos mecanismos que han ido ejecutando para lograr la apertura legislativa se encuentra el protocolo de acceso a la información pública. “El protocolo tiene la finalidad de regular el principio de transparencia de la función pública y el derecho al acceso a la información generada por las diferentes instancias de la Asamblea Legislativa, que incluye el proceso por el cual los ciudadanos de Costa Rica pueden acceder a la información del parlamento”, indicó.
