El Gobierno Nacional de Panamá expresó su rechazo de manera enérgica a la presunta adopción de una recomendación de la Comisión Europea al Consejo de Representantes y Parlamento Europeo para incluir a Panamá en una lista de jurisdicciones con deficiencias en la lucha de blanqueo de capitales cuya vigencia sería a partir de octubre de 2020.
Explicó que la Comisión Europea utilizó como criterio para su recomendación la lista de países que se encuentran en el listado GAFI.
A través de un comunicado, la Cancillería de Panamá manifestó de la manera más enérgica su disconformidad con esta acción que calificó como inconsulta, arbitraria y extemporánea, en base a las siguientes consideraciones:
1- Esta recomendación no se basa en una evaluación independiente de la Unión Europea ni obedece a la realidad actual de Panamá.
Por el contrario, esta recomendación se sustenta únicamente en la inclusión de Panamá en la lista gris de GAFI en junio de 2019. Debemos recordar que GAFI decidió incluir a Panamá basado en su evaluación del periodo de 2017 a 2018.
2- No se ha recibido notificación formal.
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Panamá hace meses había denunciado esta posibilidad, toda vez que la Unión Europea en enero incluyó al país en la lista de no cooperadores en materia fiscal por la única razón de su calificación en OCDE.
Sin embargo, “Panamá en ningún momento ha recibido una notificación formal de esta inclusión ni se ha establecido un mecanismo que nos brinde la oportunidad de presentar los claros avances del país en estos últimos dos años toda vez que se nos incluyó de manera automática por estar en la lista GAFI”, explica la cancillería en un comunicado
“La imposición de listas grises en medio de una crisis sanitaria y económica no solo es lamentable sino que es inconsistente con una política de solidaridad y cooperación”, sostiene la cancillería de Panamá.
El Gobierno Nacional de Panamá asegura que, bajo la coordinación de UCSI en Presidencia y UAF, seguirá trabajando en su plan de acción con miras a salir de la lista de GAFI en febrero de 2021, consistente con la agenda de país en materia de transparencia, de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, de fortalecimiento de sus instituciones y del cumplimiento efectivo de la ley.
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