El deporte olímpico acaba de entrar en terreno delicado. A más de dos años de Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó una política que excluye a las atletas transgénero de las competencias femeninas. La decisión, presentada como un paso hacia la “equidad”, ya está encendiendo un debate global.
Nueva regla: genética y “mujeres biológicas”
La medida establece que solo podrán competir en la categoría femenina quienes sean consideradas “mujeres biológicas”, criterio que será verificado mediante una prueba genética obligatoria una sola vez en la carrera del atleta.
Según el COI, esta decisión busca proteger la “seguridad, equidad e integridad” del deporte femenino. El organismo respalda su postura en estudios que apuntan a ventajas físicas derivadas del desarrollo masculino, como mayor fuerza y resistencia.
Casos previos y antecedentes polémicos
Aunque la participación de atletas trans en Juegos Olímpicos ha sido limitada, el caso más recordado es el de Laurel Hubbard, quien compitió en Tokio 2021 sin lograr medalla.
La nueva normativa también impacta a atletas con diferencias en el desarrollo sexual, como Caster Semenya, cuya lucha legal por competir ha marcado precedentes en el deporte internacional. Antes de esta decisión, deportes como atletismo, natación y ciclismo ya habían endurecido sus reglas, excluyendo a atletas que pasaron por la pubertad masculina.
La sudafricana Caster Semenya (en el centro) es una de las atletas trans que se ha visto en medio de la polémica. / Patrick Smith / GettyCiencia, política y presión internacional
El COI sostiene que los hombres presentan ventajas de rendimiento de entre 10% y 12% en pruebas de resistencia, y hasta más del 100% en disciplinas de potencia. La medida también llega en un contexto político marcado por decisiones como la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que busca restringir la participación de atletas trans en el deporte femenino en Estados Unidos.
Sin embargo, la propia presidenta del COI, Kirsty Coventry, aseguró que la política responde a una revisión interna y no a presiones externas.
Una decisión que podría terminar en tribunales
El debate está lejos de cerrarse. Expertos anticipan que la norma será impugnada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, lo que podría prolongar la controversia hasta los mismos Juegos de 2028.
Organizaciones de derechos humanos ya han advertido que la medida podría ser discriminatoria, mientras el COI insiste en que busca claridad en un tema que llevaba años sin consenso.
