La Defensoría del Pueblo declaró a la Jueza de la Casa Comunitaria de Paz del corregimiento Belisario Porras, en San Miguelito, Aminta Castro, como una funcionaria hostil y entorpecedora, al no brindar supuestamente información para investigar una queja ciudadana presentada contra la mencionada Casa Comunitaria.
Mediante la Resolución No. 379f-2021 del 15 de marzo de 2022, la entidad a cargo de Eduardo Leblanc González indica que conforme establece el artículo 129 de la Carta Magna, la Defensoría del Pueblo, velará por la protección de los derechos y las garantías fundamentales consagradas en la Constitución, así como los previstos en los Convenios internacionales de Derechos Humanos y la Ley, mediante el control no jurisdiccional de los hechos, actos u omisiones de los servidores públicos y de quienes presten servicios públicos y actuará para que ellos se respeten.
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En enero de 2021 la Defensoría del Pueblo admitió una queja ciudadana contra la mencionada Casa Comunitaria por presunta vulneración al Derecho Jurídico; y según se explica en un comunicado la institución protectora de los derechos humanos, le hizo varias solicitudes de informes a la funcionaria, pero no se obtuvo respuesta, quedando en evidencia que “no desea colaborar con las funciones legales y constitucionales de la Defensoría del Pueblo, lo que implica que se afecten derechos y garantías fundamentales de las personas que acuden a nuestra institución”, sostuvo la entidad.
El Defensor del Pueblo advirtió que la jueza Castro ha incumplido la Ley No. 33 de 2013 de Transparencia y Acceso a la Información y el Código Penal, así como la Ley No. 7 que crea la Defensoría del Pueblo donde le faculta a recibir todas las quejas, orales o escritas, transmitidas por cualquier medio, que provengan de fuentes anónimas o identificadas.
