La jueza primera liquidadora de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Águeda Rentería, se acogió al término de ley para calificar el sumario seguido al ex alcalde Bosco Vallarino y a otras dos personas, por la supuesta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, en perjuicio de la Alcaldía de Panamá.
La audiencia preliminar de este caso se realizó este martes 9 de agosto de 2022 luego de concluir la fase de alegatos en una audiencia preliminar celebrada la mañana del martes 9 de agosto de 2022.
El Ministerio Público, estuvo representado por la fiscal de Descarga Anticorrupción, Ada Almanza. También asistieron los defensores particulares Héctor Bonilla y Guillermina McDonald.
PUEDE LEER: Cámara de Comercio condena nuevos llamados a cierres de calles
Previamente, a petición de la defensa técnica y sin opinión a favor o en contra por parte de la fiscal, la jueza Rentería procedió a admitir la prescripción de la acción penal solicitada y sustentada en el mismo acto de audiencia por la defensora Guillermina McDonald, en favor de dos de sus defendidos, vinculados a la comisión del presunto delito contra el patrimonio económico (estafa).
La jueza consideró que opera el fenómeno de la prescripción de la acción penal, pues desde el año 2010 en que ocurrieron los hechos hasta la fecha se ha superado en demasía el término de 10 años para ello.
Igual petición formuló el abogado defensor Héctor Bonilla, a lo que se opuso el Ministerio Público, por lo que la jueza declaró no probada la incidencia, en virtud de que el delito endilgado es el de peculado agravado, cuya penalidad es de 8 a 15 años de prisión, y la lesión patrimonial supera los 100 mil balboas; por tanto, no se configura en este caso el fenómeno de la prescripción de la acción penal.
Este proceso penal, redistribuido a la liquidación de causas penales, que consta de más de 12 tomos, tuvo su inicio en el año 2010, y esta relacionado con el incumplimiento de dos contratos de consultoría entre el Municipio de Panamá y dos empresas, para el manejo de residuos hospitalarios y un plan de reorganización de seguridad, que según un informe de auditoría, le causó una lesión patrimonial al erario por más de 300 mil dólares.
