El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, a cargo de Baloisa Marquínez, dio inicio este jueves 5 de agosto de 2021 a la audiencia preliminar en el caso Blue Apple, donde deberá decidir si accede a la petición del Ministerio Público de llamar a juicio a 51 personas imputadas por blanqueo de capitales, asociación ilícita, corrupción de funcionarios públicos y contra la fe pública.
La audiencia continuará el viernes con los alegatos de los abogados defensores, una vez concluya la intervención de todos los apoderados judiciales de los imputados, la jueza Marquínez tiene 24 horas para decidir si abre causa criminal a los imputados en el proceso.
El Juzgado Tercero Liquidador de Causa Penales estableció una sede temporal en el Teatro Balboa, en donde se desarrolla la audiencia, en este caso están imputado Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares hijos del ex presidente Ricardo Martinelli quienes participaron de forma virtual en el inicio de la audiencia desde Guatemala donde permanecen detenidos a la espera de que se resuelva una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.
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También están imputados los ex ministros de Obras Públicas Federico José Suárez y Jaime Ford, entre otros ex funcionarios y empresarios.
Durante el acto de audiencia se presentaron varios incidentes, uno de nulidad, otro de prescripción los que fueron resueltos por la jueza Marquínez negando los mismos.
La investigación inició el 30 de octubre de 2017 a través de un Informe de Inteligencia policial, que hace referencia a la sociedad anónima ‘Blue Apple Services’, creada por varias personas (miembros del gobierno, período 2010-2014), con el propósito de ‘disfrazar o blanquear dineros’, presuntamente obtenidos de sobornos recibidos por la concesión de varios proyectos de construcción, a nivel nacional, para lo cual utilizaron el sistema bancario local e internacional con el propósito de dar apariencia legitima a los dineros.
En este caso funcionarios solicitaron coimas a contratistas que tenían adjudicadas licitaciones con el Estado para su propio beneficio, con lo que se pudo comprobar blanqueo de capitales por más de 40 millones, de los cuales hasta ahora el Ministerio Público ha logrado recuperar 32 millones de balboas.
