La mina Cobre Panamá, la mayor a cielo abierto de Centroamérica, “ha reducido su capacidad de procesamiento” del mineral ante el “bloqueo ilegal” de su puerto en el marco de las protestas nacionales contra este enclave, informó este lunes la concesionaria Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM).
“Las acciones ilegales en el puerto han afectado la entrega de suministros para la planta de generación de energía”, lo que ha provocado una disminución de la “actividad de una de sus líneas de procesamiento de minerales, mientras que dos siguen operativas”, dijo en un comunicado Minera Panamá.
La empresa no precisó en su misiva cuál es el impacto en toneladas de esta disminución en la actividad de Cobre Panamá, que el año pasado procesó 86,14 millones de toneladas de cobre y produjo 350,4 toneladas del mineral, según datos de la empresa.
El “bloqueo ilegal ocasionado por pequeñas embarcaciones en el puerto de Punta Rincón, de la mina” han, además, “obstaculizado la carga de concentrado de cobre en los buques”, indicó la empresa.
Las afectaciones en la generación de energía impactan “el pleno funcionamiento” de Cobre Panamá y “el manejo seguro del medio ambiente, incluido el funcionamiento y mantenimiento de la instalación de gestión de relaves”, añadió la empresa.
Minera Panamá “está adoptando un enfoque sistemático y responsable para ajustar sus operaciones en función de estas circunstancias”, dijo la empresa.
Alertó que “en caso de que las actividades normales en el puerto no se restauren” habrá un impacto “directo en más de 7.000 colaboradores y contratistas, así como en otras 40.000 personas” de forma indirecta, así como “una disminución significativa en la adquisición de suministros y servicios”, con una “pérdida de ingresos de 20 millones de dólares semanales para más de 2.000 empresas” locales.
Cobre Panamá representa una inversión de 10.000 millones de dólares y cerca del 5 % del producto interno bruto (PIB) del país centroamericano, según datos de First Quantum y del Gobierno del presidente Laurentino Cortizo.
Hace tres semanas comenzaron en Panamá unas protestas nacionales contra la renovación de la concesión, con el argumento de que el contrato ley que la avala es “inconstitucional” y lesivo al Estado desde el punto de vista económico y medioambiental.
Sobre el futuro de la mina, tanto el Ejecutivo, que defiende que el nuevo contrato multiplica por 10 lo aportes al fisco en comparación con el anterior que fue declarado inconstitucional en 2017, como el Legislativo, han dicho que esperarán el nuevo dictamen de la Corte Suprema, que ha admitido ya varios recursos de inconstitucionalidad.
Pero los sindicatos de docentes y de la construcción insisten en que el contrato ley sea derogado por el Parlamento, que está en receso hasta enero, que no saldrán de las calles hasta que eso ocurra.
Las protestas iniciadas el pasado 23 de octubre incluyen una huelga docente que afecta a más de 800.000 estudiantes y bloqueos en la principal carretera del país, lo que ha generado desabastecimiento de alimentos y combustibles especialmente en el norte del país.
Este lunes algunos puntos bloqueados en el norte panameño fueron abiertos temporalmente, lo que permitió el paso de camiones con suministros para abastecer los mercados de los centros urbanos.
El sector privado calcula que las pérdidas diarias a la economía nacional están entre 70 y 90 millones de dólares.
En el marco de estas protestas, que incluyeron las mayores manifestaciones pacíficas en décadas en la capital panameña, han muerto cuatro manifestantes en los bloqueos de vías, mientras que más de un millar fueron arrestadas por la Policía, que ha sido señalada de uso excesivo de la fuerza.
