Lo que está ocurriendo en Bocas del Toro es una señal alarmante de un tejido social desgastado, de una comunidad que grita desde el margen, pero cuya rabia ha desbordado los límites de la convivencia y la legalidad.
Entender el origen del descontento social en esta provincia, no implica justificar la destrucción. Dañar instituciones públicas, destruir vehículos estatales y robar infraestructura no solo es un delito; es un golpe directo contra los servicios esenciales que, irónicamente, están destinados a atender las necesidades sociales de esa misma población.
La protesta tiene legitimidad cuando nace del hartazgo, de la desigualdad, de la falta de oportunidades.
Pero pierde su fuerza moral cuando se convierte en una violencia absurda y sin rumbo.
El Estado debe investigar y sancionar a los responsables, pero también debe abrir los canales del diálogo, reconocer errores y actuar con firmeza para atender los reclamos legítimos.
Sede del Mitradel en Bocas del Toro fue vandalizada. Cortesía / Ministerio de TrabajoBocas del Toro no necesita más represión, ni más abandono, necesita presencia real del Estado en su mejor versión, apartando la obscena politiquería, con un compromiso real, transparente y justo. Y necesita de parte de su gente, no como enemigos del orden, sino como protagonistas de su propio desarrollo.
La violencia nos retrasa a todos. Cuando elegimos comunicarnos con respeto, evitamos el abismo del conflicto y edificamos un Panamá más justo y en paz para todos.
