La acción sin precedentes del expresidente de la República Ernesto Pérez Balladares de secuestrar cuentas y activos de Corporación La Prensa ha sido calificada por diversos sectores como un golpe a la democracia, intimidación y censura.
El exmandatario Pérez Balladares en un comunicado expresó que la acción no coarta de ninguna manera el ejercicio de la libre actividad a la que tiene derecho el mencionado medio y mucho menos la libertad de prensa en el país.
Agregó que los abogados ( José María Castillo) solicitaron la acción amparándose en lo dispuesto en el artículo 533 y siguiente del Código Judicial, con la finalidad de evitar que el proceso civil en contra sea ilusorio en sus efectos.
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Para el abogado James Bernard, poner en riesgo un medio de comunicación, con medidas cautelares exorbitantes, es una forma de restringir la libertad de expresión. El principio de proporcionalidad para proteger derechos humanos que deben mantenerse en equilibrio es vital para la democracia.
Mientras que para Roberto Henríquez, ministro de Comercio en el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, el verdadero secuestrador de La Prensa es un grupo que tomó control del periódico y lo está llevando a la quiebra. Atacar sin pruebas no es libertad de expresión. Varios colaboradores de Ricardo Martinelli también celebraron el ataque contra La Prensa.
Los medios digitales de Panamá indicaron que ven con preocupación la acción judicial tomada por el expresidente Ernesto Pérez Balladares de secuestrar los bienes del diario La Prensa lo que, sumado a la amenaza del también exmandatario Ricardo Martinelli, demuestra un ataque coordinado en contra de la libertad de expresión que resulta inceptable en una democracia.
Principios
Para el Consejo Nacional de Periodismo, la acción de la jueza Lina Castro de León es señal de un Estado fallido, al impedir la operatividad de los periódicos La Prensa y Mi Diario y dificultar el pago de salarios a 240 colaboradores, además de violatoria de la libertad de expresión.
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