La subcomisión de Trabajo, creada para analizar el proyecto de Ley No 354 que dicta medidas temporales de protección del empleo en las empresas afectadas por la covid-19, inició el periodo de consultas públicas con representantes sindicales, empresariales y del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
Los voceros de Confederación Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (Conusi) , del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y del Mitradel, expusieron sus inquietudes respecto a la propuesta presentada del Órgano Ejecutivo.
Marcela de León, representante de Conusi, expresó que están en desacuerdo con la propuesta por considerarla lesiva, pues busca modificar el Código de Trabajo, que costo lucha y luto por muchos años; por lo que hizo un llamado para que la propuesta no sea aprobada.
En tanto, Carlos Ayala, asesor legal del Mitradel, señaló que la norma lo que busca es establecer medidas temporales de protección del empleo, aplicable solo en las empresas que cerraron, total o de manera parcial sus operaciones, desde el inicio del estado de Emergencia Nacional y que fueron consideradas en la Mesa Tripartita Económica Laboral.
El funcionario indicó que la propuesta no esta escrita en piedra, lo que se quiere es que las organizaciones que no están de acuerdo analicen el documento, para lograr los consensos que ayuden a los trabajadores que han queda cesantes de sus labores.
El presidente de la subcomisión, el diputado Crispiano Adames sostuvo que para el Mitradel y el país las condiciones que vivimos son inapreciables y se plantea el paradigma de economía o salud, al igual que los derechos adquiridos versus la reactivación económica.
La subcomisión la integran además los diputados Víctor Castillo y Ana Giselle Rosas.
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Agregó que la propuesta es necesaria porque se debe aplicar alguna norma de carácter temporal para empresas cerradas desde el inicio del estado de emergencia.
La subcomisión tiene hasta el próximo martes 28 de julio para presentar un informe a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional donde se discute en primer debate el proyecto de ley que entre otras cosas permite la suspensión de los contratos laborales hasta el 31 de diciembre de 2020.
