La construcción de 28.442 kilómetros de carretera de Quebrada Ancha a María Chiquita, en la provincia de Colón preocupa a organizaciones sociales y ambientales, ya que a como está planteada la obra corta el Parque Nacional Chagres y atraviesa una zona rica en biodiversidad.
El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), solicitó al Ministerio de Obras Públicas (Mop), se establezca una nueva ruta que sirva tanto para el progreso como para la conservación de las áreas protegidas.
El MOP realizó la licitación del proyecto con un precio de referencia de $.87,002, 224.44 millones y en el que cuatro consorcios presentaron sus ofertas económicas.
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Los Consorcio que presentaron propuestas son: C&T conformado por Constructora Urbana S.A. y Toronto Global Holdings Corp., que propuso $.77, 600, 000.00 millones, el Consorcio Carretero Atlántico integrado por Constructora Meco, S.A. y Constructora Meco Panamá, ofertó $.77, 007, 229.24 millones, el Consorcio Transeq Estrella, unido con Transeq, S.A. e Ingeniería Estrella, S.A. propuso la suma de $. 84, 071, 050.78 millones y el Consorcio María Chiquita asociado con Constructora RODSA, S.A. e Ingeniería y Remodelaciones Civiles, S.A., ofertó $. 77, 933, 229.78 millones.
El CIAM advirtió que “La ruta propuesta por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) pasaría por la zona de reserva absoluta del Parque Nacional Chagres, es decir, una zona que solo debe ser utilizada para la conservación”.
También señala que “la mayor parte del alineamiento planteado carece de áreas pobladas, lo que significa que las poblaciones que viven cerca de la carretera actual recibirían un perjuicio económico al quedar fuera de la ruta de mayor tránsito”.
El proyecto que tendrá siete puentes vehiculares y carril de aceleración inicia en el sector de Quebrada Ancha en la intersección con la Avenida Boyd Roosevelt y finaliza en la intersección con la carretera hacia Portobelo, entre los distritos de Colón y Portobelo.
El contratista deberá entregar la obra completamente terminada y aceptada por el Estado dentro de un plazo de ejecución de 730 días calendario, a partir de la entrega de la Orden de Proceder.
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