Luego de 10 años en que Panamá no presentaba un informe de Estado de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), esta semana la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, sustentó las tareas que el país ha encaminado con este fin.
El octavo informe del país ante la comunidad internacional reportó los avances en las políticas, programas y acciones que se han adoptado durante el periodo 2010-2020. “En cumplimiento de nuestras obligaciones como Estado ante la comunidad internacional, hoy asistimos al diálogo constructivo, para examinar nuestro Octavo Informe Periódico del Cedaw”, destacó la ministra Castillo este martes.
La titular del Mides dijo que Panamá tiene un claro compromiso de garantizar la defensa de los derechos de todas las mujeres que se encuentran en nuestro país. “Estamos convencidas de que este espacio de diálogo y las observaciones finales servirán de gran utilidad, para mejorar y fortalecer las acciones que debemos seguir aplicando desde los distintos poderes del Estado panameño”, expuso la funcionaria durante la presentación del informe, que se hizo vía virtual.
Allí valoró los aportes de la sociedad civil y el papel que juegan, puesto que permite continuar identificando y subsanando los desafíos que aún persisten en nuestras sociedad.
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Castillo detalló que entre las acciones que ha aplicado el país están la activación del Consejo Nacional de Atención a la Madre Adolescente a través de la aprobación de la Estrategia Nacional e Intersectorial de Prevención y Atención al embarazo en adolescentes y niñas, cuyo objetivo es desarrollar una política intersectorial y multicultural para la atención integral.
Se destacaron las iniciativas que ha emprendido el país para cumplir con igualdad y desarrollo de las mujeres.Asimismo, Castillo, hizo referencia al trabajo impulsado desde el Consejo Nacional para la Paridad de Género por medio del cual se ha promovido la reciente aprobación de una política pública que fomenta la empleabilidad e inserción laboral de mujeres jóvenes y mujeres en condición de vulnerabilidad socioeconómica; una estrategia nacional para la integración de niñas y jóvenes en las disciplinas y empleos STEM; y una estrategia nacional de emprendimiento femenino.
Otro de los programas que ponderó fue las Redes de Familia, desarrolladas por el Mides que ha beneficiado entre el 2020 y 2021 a 6 mil 82 familias representadas por mujeres y el programa “Muévete por Panamá”, que ha logrado alfabetizar entre los años 2017 y 2021, un total de 5 mil 151 mujeres, superando la cifra de hombres.
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Igualmente, mencionó el efecto positivo que ha tenido la extensión de cobertura de los Centros del Instituto Nacional de la Mujer, logrando garantizar atenciones en todas las provincias y comarcas indígenas, beneficiando progresivamente a más de 15 mil mujeres a nivel nacional desde el año 2014. Por último, resaltó la labor del Gobierno en el marco de la pandemia, en la cual esta administración logró garantizar un piso de protección social mediante un plan de emergencia y asistencia social, puntualmente con la modalidad del Vale Digital del Plan Panamá Solidario, alcanzando beneficiar a 706 mil 902 mujeres lo que representa el 51.58% del beneficio entregado a la población.
Tras la presentación del informe se abrió un espacio de intercambio donde los expertos tuvieron la oportunidad de conocer detalles de los proyectos, programas y leyes que el Gobierno Nacional desarrolla en favor de la protección de los derechos de la mujer.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) es un tratado internacional adoptado en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Cedaw está considerada como el documento jurídico internacional más importante en la historia de la lucha sobre todas las formas de discriminación contra las mujeres.
Participaron las representantes de varias entidades y Órganos de Estado.También participaron de la actividad Ana Luisa Castro, viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores; Juana López, viceministra de Gobierno; Ángela Russo, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, así como también otros representantes de diferentes instituciones del Estado.
