Las remesas enviadas a través de medios no reconocidos legalmente serán penalizadas, esto luego que el Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley que adiciona el artículo 253-A al Código Penal, el cual establece que “quien realice el servicio de transferencia de dinero a través de sistemas no registrados, transmisión de fondos, compensación de fondos o por cualquier otro medio, sin estar autorizado por autoridad competente, será sancionado con prisión de ocho a quince años”.
La norma que se pretende incorporar se aplica según se informó como medida efectiva contra el envío de remesas de dinero al margen de la ley los cuales se prestan para el lavado de dinero y el uso de fondos provenientes de delitos, lo que afecta el buen funcionamiento del Centro Bancario y Financiero del país.
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Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas (MEF), indicó que por años el envío de remesas de forma ilegal ha sido regulada solo en la esfera administrativa, lo cual ha sido ineficiente para su erradicación, por lo cual se hace necesario su tipificación en la esfera penal.
Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas.El funcionario sostuvo que se espera que la medida sea una “medicina preventiva y disuasiva” que sirva para desestimular esta práctica, penalizando las remesas ilegales, con penas de 8 a 15 años de cárcel, porque hay preocupaciones con lo que se hace con estos fondos, que son usados para financiar prácticas terroristas
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Elevar a delito el envío o transferencia de fondos o dineros sin tener la autorización pertinente , permite que entidades idóneas y con la estructura necesaria para la investigación de delitos financieros como el Ministerio Público, la Dirección de Investigación Judicial, y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, puedan participar y afrontar de forma adecuada este tipo de actividades que tanto daño hacen al país.
