El presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó la Ley 258 de 26 de noviembre de 2021, que restablece la vigencia del literal b del numeral 2 del artículo 86 del Código Judicial.
Con lo aprobado la Corte Suprema de Justicia (CSJ), puede investigar al contralor, ministros, diputados, procuradores y magistrados del Tribunal Electoral, cuando se trate de delitos comunes o faltas cometidas por estos funcionarios.
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La norma ha sido criticada, pues favorece a altos funcionarios denunciados por delitos comunes o faltas administrativas, ya que ahora son investigados por la CSJ y no por la Procuraduría de la Administración o la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
El abogado Ernesto Cedeño anunció en su momento que si el proyecto era sancionado lo demandaría por inconstitucional.
