En la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, inició el primer debate al proyecto de ley 202 General de Cultura.
El ministro de Cultura, Carlos Aguilar hizo un llamado a la unión de todos los grupos culturales del país para que por primera vez en la historia los panameños cuenten con una Ley General de Cultura que reconozca la importancia y la necesidad de formular políticas públicas que atiendan las necesidades culturales de la sociedad.
Los proponentes de la iniciativa indican que lo que se que busca con el proyecto es legitimar las actuaciones públicas en beneficio de una amplia gama de actividades, procesos y sectores que no habían sido concebidos desde la normativa cultural nacional.
El ministro Aguilar expresó que el proyecto ya tiene una historia. Es el trabajo en conjunto de aportes importantes de panameños desde varias administraciones gubernamentales.
El proyecto de Ley General de Cultura dota al Ministerio de Cultura de un marco y enfoque moderno, al sustentar su actuación en dos pares que guían los objetivos de la gestión pública cultural: los derechos culturales y el desarrollo sostenible.
El proyecto, que se debate en bloques, reconoce a la cultura como eje transversal de las políticas públicas y la necesidad de establecer políticas y acciones intersectoriales para mejorar la calidad de vida de las personas.
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El proyecto de ley, presentado por el diputado Héctor Brands, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, también permitirá una protección integral del patrimonio cultural panameño, siendo la primera vez en la normativa patrimonial en que se reconocen y protegen todas las categorías del patrimonio cultural y se incorporan mecanismos de protección al patrimonio cultural material, inmaterial y el paisaje cultural.
La cultura digital también será reconocida en este proyecto de ley, el cual fomentará el uso de las tecnologías de la comunicación y la información en las expresiones artísticas y en los proyectos culturales.
La reorganización de los Patronatos que administran el Teatro Nacional, el museo antropológico Reina Torres de Araúz, el conjunto monumental de Panamá la Vieja y el conjunto monumental de Portobelo y San Lorenzo es un punto álgido que generó polémica.
