Lo que inicialmente parecía un incremento común del cuatrerismo en zonas rurales ha derivado en el descubrimiento de una estructura criminal más compleja en la región de Azuero. Las autoridades han revelado la existencia de una red organizada dedicada al hurto pecuario, con presunta participación de funcionarios públicos y un esquema diseñado para legalizar ganado robado.
Un total de siete personas fueron condenadas a penas de entre 48 y 60 meses de prisión tras acogerse a acuerdos de pena, mientras que otras siete fueron imputadas por el delito de asociación ilícita. La decisión fue validada por el juez de garantías, Bosco Monterrey, quien además ordenó medidas cautelares para otros implicados que enfrentarán juicio.
Entre los acusados figuran tres funcionarios públicos, incluyendo un colaborador de la Caja de Seguro Social señalado como presunto cabecilla de la red, así como trabajadores vinculados a la Alcaldía de Pesé y al Municipio de Los Santos. Según la investigación del Ministerio Público, estos funcionarios habrían facilitado la movilización y legalización del ganado hurtado mediante documentación irregular.
Las pesquisas, iniciadas en 2024, incluyeron allanamientos en comunidades como El Carate y Peña Blanca, en Los Santos, así como en Pesé, Herrera. Además, se realizaron inspecciones en alcaldías y en el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), donde se hallaron documentos clave relacionados con la tenencia y aseguramiento del ganado.
Uno de los puntos neurálgicos del esquema era la manipulación de la Guía de Degüello y Embarque, documento indispensable para el traslado y sacrificio de reses, cuya emisión depende de las tesorerías municipales. De acuerdo con la fiscalía, este mecanismo era utilizado para dar apariencia de legalidad al ganado robado, que luego era comercializado en subastas ganaderas.
La red también contaba con la participación de un médico veterinario, transportistas y jornaleros, quienes se encargaban de la logística de traslado de los animales sustraídos. En total, el Ministerio Público logró vincular a los implicados con al menos siete hechos delictivos en las provincias de Los Santos y Herrera.
La operación, desarrollada en conjunto con la Policía Nacional, permitió recabar evidencias que evidencian no solo el hurto sistemático de reses, sino también una estructura organizada con tentáculos en instituciones públicas, lo que cambia significativamente la dimensión de este delito en el país.
