La inclusión nuevamente de nuestro país en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), es rechazado por gremios como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) , la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP).

Las organizaciones empresariales rechazan la decisión del GAFI por considerar que Panamá ha hecho esfuerzos por adecuar las normas y mecanismos internacionales, las que deben ser consideradas por el organismo, ya que sin evidencias concretas se aduce deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo.
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Para el SIP sin evidencia alguna se imponen sanciones que atentan contra el bienestar de Panamá, además de que es sumamente frustrante, que pese a los avances en la adecuación a las normas y el compromiso político del país, se nos señale como violadores de regulaciones que incluso no son objeto de acuerdos suscritos, sino más bien, obedecen a imposiciones según el criterio de algunos países de la OCDE .
EL SIP expresó su insatisfacción ante “una medida a todas luces subjetiva e injusta”.
En un comunicado indicó “Nuestro país no merece estar sujeto a presiones internacionales ni regresar a una lista gris, orquestada para empañar injustamente nuestra reputación”.

En tanto, la APEDE sostuvo que “Las medidas tomadas por Panamá desde el año 2014 deben ser consideradas en su justa dimensión; por lo que exigimos respeto y exhortamos al nuevo gobierno a redoblar esfuerzos y en conjunto con el sector privado organizado, elevar nuestro rechazo ante este hecho y además evidenciar la efectividad que hemos alcanzado para el fortalecimiento del régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, con miras a culminar este proceso con un resultado positivo para nuestro querido Panamá.”.
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Por su parte, Jorge Juan de la Guardia, Presidente de la CCIAP, señaló que “Panamá viene dando pasos en la dirección correcta de manera consistente y el mensaje que le envía GAFI al país con esta medida es nefasto puesto que tiene un efecto desmoralizador frente al esfuerzo requerido para impulsar todos los cambios implementados.

El Gobierno Nacional evidenció los avances en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
1. Fortalecimiento del marco regulatorio de acuerdo con los estándares internacionales pasando de un 8% de cumplimiento en el 2014 a 87% de cumplimiento en diciembre 2018.
2. Hoy la Superintendencia de Bancos cuenta con 65 profesionales especializados en el área de prevención de blanqueo de capitales (incremento del 250%), realizando 615 inspecciones (incremento de 200%), ejecutando 67 procesos sancionatorios y aplicando 30 sanciones por un total de 6 millones de dólares del 2015 al 2019.
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3. Se crea en abril 2015 la Intendencia de Supervisión y Regulación de los Sujetos no Financieros, con la promulgación de la Ley 23 que regula 11 nuevos sectores. El equipo está conformado por 55 profesionales que han recibido entrenamiento especializado y han realizado 485 supervisiones concentradas en los sectores de alto riesgo. La Intendencia ha realizado 68 procesos sancionatorios y ha impuesto 16 sanciones por un total de 1 millón de dólares del 2015 a 2019.
4. La Unidad de Análisis Financiero (UAF), facultada en 2015 por la Ley 23, ha realizado 1059 cooperaciones internacionales de beneficiario final.
5. El Ministerio Público incrementó de 28 a 118 (321% de aumento) las investigaciones de delito precedente por blanqueo de capitales distintos al narcotráfico; reporta un incremento de 27 a 47 (74% de aumento) en sentencias condenatorias en investigaciones por blanqueo de capitales e incrementó el monto de dinero comisado de 4 millones a 242 millones de dólares entre los periodos 2012 – 2015 vs 2016 – 2019.