La masacre ocurrida el pasado 17 de diciembre en La Joyita que cobró la vida de 13 privados de libertad (no 15, según la última corrección que hizo el Ministerio Público) y dejó 14 personas heridas tiene implicaciones legales muy serias.
Actualmente el Colegio Nacional de Abogados (CNA) está a la espera del informe que solicitó el presidente Laurentino Cortizo al Ministerio de Gobierno y al Sistema Penitenciario para tomar acciones legales más centradas en los hechos.
Carlos Herrera Delegado, de la Comisión de Derechos Humanos del CNA, expresó que por el momento han atendido a los familiares de las víctimas con los procesos de defunción, donde la mayoría de los cadáveres han sido sepultados y solo quedan pendientes los dos privados que murieron en el hospital.
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Lo más reciente de este caso es que ya el Ministerio Público abrió una investigación de oficio, ha realizado inspecciones y otras diligencias.
Herrera Delegado explicó que en este tipo de situación existe la posibilidad de dos tipos de responsabilidades de querellas penales y la responsabilidad administrativa del Estado. El abogado agregó que evaluarán lo que establezca el informe y en caso de que no arroje resultados positivos, se pedirá la profundización del mismo.
El CNA mantiene informados a los familiares de las víctimas de cómo avanzan las investigaciones administrativas y penales. “Los familiares necesitan y se merecen saber qué hay detrás de esa situación. Esas armas que se usaron no aparecieron de la noche a la mañana y hay mucha responsabilidad de las autoridades que mantenían la seguridad del penal”, indicó.
Dificultad procesal
Uno de los obstáculos que ha enfrentado el MP es que no todos están en la labor de declarar. La fiscalía tendrá que utilizar todas las técnicas que le da la ley, ya sea testigo protegido o
traslado carcelario, en caso de que quieran cooperar con las entrevistas, informó el abogado.
Debido al uso de armas de grueso calibre, algunos familiares tuvieron que sepultar a los seres queridos con los ataúdes cerrados, pues los cuerpos estaban muy deteriorados. La mayoría de los difuntos eran de San Joaquín y Curundú.
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El procurador de la Administración, Rigoberto González, manifestó que ya enviaron una nota a Carlos Romero, ministro de Gobierno, de una queja que presentraron por los hechos ocurridos.
González informó que el caso tiene repercuciones a nivel internacional, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos toma nota inmediata, ya que dan seguimiento a las investigaciones penales y administrativas.
Acciones
Tras la masacre:
Separaron del cargo al director del Sistema Penitenciario.
Las unidades policiales fueron trasladadas a la Dirección de Operaciones de la Policía Nacional.
Requisas en los pabellones, donde han incautado 33 armas.
Se anunció la creación de la Policía Penitenciaria.
