Las parejas del mismo sexo podrán contraer matrimonio en Costa Rica, pero no todavía. La Sala Constitucional dejó insatisfechas las expectativas del movimiento pro derechos LGBTI, al ordenar a la Asamblea Legislativa legalizar esa figura legal en un plazo de año y medio. Solo después del 2020 podría las parejas del mismo sexo tener reconocimiento del Estado.
Tras la sesión más larga de su historia de casi tres décadas, la Sala Constitucional publicó casi a la medianoche del miércoles el resultado de una votación dividida que apagó los planes de festejo de decenas de manifestantes que aguardaban junto al edificio de la Corte Suprema Justicia, en San José.
Por ahora se mantiene vigente el Código de Familia que solo permite el matrimonio entre varón y mujer, a pesar de la opinión consultiva emitida en sentido contrario por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 9 de enero.
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Contrario a la expectativa que había de zanjar una discusión legal de más de una década, el debate pasa ahora a un recinto más combustible: la Asamblea Legislativa donde hay mayoría de conservadores y donde es segunda fuerza política el Partido Restauración Nacional (PRN), la agrupación cristiana evangélica protagonista en las recientes elecciones en Costa Rica.
El diputado oficialista Enrique Sánchez, primer homosexual en ocupar una curul luego de hacer pública su orientación sexual, no ocultó su decepción.
Los magistrados tomaron una decisión jurídicamente inexplicable y con una creatividad nunca antes visto. No se entiende por qué posponer una decisión que podían responder hoy mismo con suficiente potestad y jurisprudencia [la tradición de apegarse a los pronunciamientos de la CIDH]'
Por eso Sánchez anunció que acompañará la decisión de un grupo de familias homoparentales de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la intención de que el caso llegue al tribunal continental y se condene al Estado costarricense a habilitar el matrimonio igualitario.
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El encargado de revelar el resultado de la votación en la noche de este miércoles fue el magistrado Fernando Castillo, un evangélico practicante que se opone a la legalización del matrimonio igualitario. Argumentó que quisieron delegar la decisión en la Asamblea Legislativa con el objetivo de evitar una 'dislocación social', considerando la controversia que genera este tema.
Sin embargo, podría ocurrir algo muy diferente, a juzgar por las posiciones enardecidas que ya han expresado algunos legisladores con apoyo de algunos sectores populares. El debate se podría mezclar o condicionar con negociaciones de asuntos urgentes en la agenda del Gobierno, como los proyectos contra la crisis fiscal del país.
Cuatro jueces del tribunal constitucional votaron parcialmente a favor de los recursos presentados en 2013 y 2015 que impugnaban reglas distintas, pero que perseguían el mismo objetivo: dar reconocimiento estatal a más de 1.000 uniones de personas no heterosexuales ya existentes o permitir el acceso al matrimonio a miles de personas que así lo deseen. Esto es lo que no ocurrirá todavía.
Costa Rica evita así convertirse en el país 27 en el mundo en poner en vigencia la legalidad del matrimonio igualitario.
Se asemeja más bien a Taiwán, donde el 24 de mayo el Tribunal Constitucional dio dos años al parlamento para reformar las leyes y, si eso no ocurre, las parejas del mismo sexo podrían entonces acudir en 2020 a los ayuntamientos para casarse.
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Vía: El País
