Guatemala ha vuelto a discutir la posibilidad de aplicar la pena de muerte para delitos graves. Si bien es un tema que está en la agenda pública hace tiempo, el reciente ataque de la Mara Salvatrucha a un hospital que dejó 7 muertos y 12 heridos, volvió a ponerlo en el centro del debate.
La acción llevada a cabo por la organización delictiva para rescatar a Anderson Daniel Cabrera, uno de sus integrantes, llevó al presidente Jimmy Morales a convocar una manifestación. Allí su partido, el Frente de Convergencia Nacional (FCN), pidió al resto de los miembros del Congreso que apoyen la iniciativa de restablecer la pena capital para garantizar 'el derecho a la vida'.
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Esto fue respaldado por el partido Visión con Valores (Viva), liderado por Zury Ríos, excandidata presidencial e hija del exdictador José Efraín Ríos Montt (1982-1983).
El planteo ha sido explicitado por el vocero de la presidencia, Heinz Heimann. El funcionario calificó como 'terrorista' el accionar de las maras y explicó, citado por el diario 'La Prensa', que en ese marco 'se valora discutir la implementación de la pena de muerte'.
La ley y la pena de muerte
El artículo 18 de la Constitución de Guatemala establece la pena de muerte y una ley del año 1982 (aprobada en dictadura) reguló el proceso contemplado en el Código Penal.
No obstante desde el año 2000, cuando dos pandilleros recibieron la inyección letal, este tipo de sanción no se ha vuelto a aplicar. Esto se debe a un vacío legal producido por el expresidente Alfonso Portillo (2000-2004) quien derogó en 2004 el decreto 159. Este regulaba la potestad del jefe de Estado de indultar a los condenados.
Fue entonces que la Corte de Constitucionalidad analizó que la legislación vigente no especificaba qué autoridad debía encargarse de ese aspecto, por lo que el Congreso debía legislar para enmendarlo. Mientras tanto, la posibilidad de aplicar esa pena quedó en suspenso.
¿Una verdadera solución?
Desde hace años que Naciones Unidas insta a los distintos países del mundo a abolir la pena de muerte por considerarla inhumana, violatoria de los derechos humanos y, también, ineficaz.
El sociólogo Gustavo Berganza opinó, según reseña 'Prensa Libre', que 'como disuasivo eso no funciona'. Según su mirada, el apoyo que tiene la iniciativa a nivel social es muestra de un 'reducto de conservadurismo y de subdesarrollo político y económico', por lo que aplicarla sería 'un paso hacia atrás'.
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Asimismo, explicó que la existencia de organizaciones delictivas como las maras son 'un síntoma de descomposición social' en un Estado 'casi fallido'. Por eso, la solución no pasa por penas más duras, sino por atacar las verdaderas causas del problema.
Vía: RT
