Si un chofer de Uber es golpeado y su auto dañado, pero las lesiones no son graves, está en completa indefensión. Ni el Ministerio Público, ni el juez cívico o la plataforma de transporte pueden apoyarlo: la única opción es recurrir a una argucia legal.
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La ley no prevé un mecanismo para que puedan acceder a la justicia los ciudadanos cuyas lesiones tarden en sanar menos de 15 días, y que además no conocen la identidad de su agresor.
Es el caso de Daniela Hernández Reyes, operadora de la aplicación que el domingo fue agredida por dos ebrios que usaron el servicio por medio de la cuenta de una mujer a la que conocen.
La afectada no puede interponer una queja por los golpes en su rostro y los daños a su auto porque no conoce quién es la usuaria oficial. Uber tiene esa información, pero no quiere dársela.
El penalista Carlos Andrés Brambila Chimés explicó que cuando una persona denuncia ante el MP que fue golpeada, la obligación de la representación social es enviarla con el médico legista.
Si éste considera que las lesiones tardan en sanar menos de 15 días, la agresión no es considerada delito y la parte afectada es enviada con un Juez Cívico para que éste imponga una multa al atacante o medie entre las partes.
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No obstante, el juez no tiene facultades para investigar la identidad de los agresores por lo que, si la víctima no los conoce, no hay nada que hacer. En el caso de Daniela, Uber tiene los datos del usuario que originalmente solicitó el servicio, pero la empresa tiene cláusulas de confidencialidad y sólo puede entregar la información si se lo requiere una autoridad, lo cual no puede hacer el Juez Cívico.
Brambila Chimés indicó que cuando el MP entrevista a un denunciante y detecta que su queja no implica un delito, opta por no iniciar la carpeta, dejando al ciudadano en completa indefensión.
'Son casos donde es muy raro que haya solución; el hecho no está tipificado como delito, por lo que el juez cívico debe resolver, pero, a su vez, éste carece de herramientas jurídicas para investigar.
'Lo único que se puede hacer es darle la vuelta a la ley: que acuda nuevamente ante el MP y presente una denuncia de hechos; así la representación social puede girar los oficios para obtener los datos del usuario. En ese punto, cuando el MP establezca que no hay delito, se va declarar incompetente, pero los datos obtenidos ya pueden ser solicitados por el juez cívico', explicó a este diario.
Ayer, Daniela y su abogada, Ericka Vázquez, indicaron a Excélsior que buscan cambiar la queja cívica inicial por una denuncia penal por vejaciones, amenazas y daño moral, para que las autoridades ministeriales exijan a Uber los datos de la amiga de los agresores y así ubicarlos.
'Lo que me impulsa a pedir justicia es que no hay, que realmente se escuche y que la gente que hace cosas malas sepa que no se va a quedar así, por más en el anonimato que estén. Se les va a localizar y van a tener que pagar por todos los daños que han ocasionado', afirmó Daniela.
La Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Consejería Jurídica comenzó a acompañarla ayer en el proceso, después de que este diario dio a conocer el caso.
'Recibimos todo el apoyo, nos están dando asesoramiento y compañía legal para poder tener los datos de los agresores. Que no quede esto solamente en una queja como tal, sino poder llevarlo adecuadamente en un proceso ya penal', dijo la abogada.
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'En el caso de esta joven es seguro que el MP acceda a levantar la denuncia porque su caso se hizo viral en redes sociales, pero lo normal es que este tipo de situaciones no se resuelvan nunca', agregó Brambila Chimés.
La conductora de Uber dijo que Uber no pagará los daños a su persona ni al auto.
'Me dijeron que no me van a pagar nada, no me van a indemnizar porque ellos no me agredieron, pero que van a colaborar con las autoridades para la localización de los supuestos agresores', detalló.
Daniela reconoció que tiene miedo de posibles represalias de los atacantes luego de que su caso alcanzó difusión, pero no dejará de buscar justicia ni abandonará su trabajo.
Excelsior
