La exfiscal anticorrupción guatemalteca Virginia Laparra fue condenada este viernes a cuatro años de prisión conmutables por abuso de autoridad durante su mandato en 2018.
La decisión fue emitida por la jueza Oly González, a cargo del Tribunal Octavo del Organismo Judicial guatemalteco, pese a la insistencia en la liberación de la abogada desde hace varios meses por parte de organizaciones humanitarias locales y extranjeras.
Laparra defendió este viernes su inocencia ante los medios de comunicación y dijo que el juzgado “ya tenía su sentencia” pese a que la exfiscal declaró hasta en el último momento del debate oral y público.
El veredicto de González obliga a Laparra a pagar una multa de 10 quetzales (alrededor de 1,25 dólares) diarios por cuatro años para no ingresar a prisión, aunque la exfiscal pasó tras las rejas desde su detención en febrero.
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El Ministerio Público había pedido ocho años de prisión para su extrabajadora.
La abogada enfrentó este proceso porque en 2018 denunció administrativamente en cuatro ocasiones al juez Lesther Castellanos, cayendo en un “abuso de poder” porque a criterio del acusador Laparra actuó “por motivación particular”.
La exfiscal anticorrupción dijo a EFE el jueves que el juicio era “una venganza política” por la lucha anticorrupción y “alguien debía pagar” y me eligieron a mí”.
Según añadió, la “venganza” es en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de las Naciones Unidas que entre 2014 y 2019 desmanteló más de 50 estructuras de corrupción vinculadas a presidentes, ministros, funcionarios y miembros de la élite empresarial.
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La Cicig fue cerrada en 2019 por orden del presidente en aquel momento, Jimmy Morales.
Al menos 24 operadores de justicia guatemaltecos, entre fiscales y jueces que investigaron o juzgaron a personajes implicados en corrupción, salieron al exilio en medio de persecución penal en su contra durante los últimos cuatro años.
La persecución en contra de los fiscales y jueces anticorrupción en Guatemala ha sido encabezada por la organización de extrema derecha Fundación Contra el Terrorismo (FCT), cuyos líderes han sido sancionados por Estados Unidos en los últimos años.
Varias organizaciones sociales como Amnistía Internacional exigieron al Estado de Guatemala la liberación de la exfiscal Laparra, por considerar que la acusación en su contra presentaba serias falencias. EFE
