En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, vale la pena repasar el acápite que para este fundamental tema destina el reciente informe sobre Derechos Humanos 2021, publicado el pasado mes por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El citado informe destaca que en términos generales el gobierno panameño respetó el derecho a la libertad de expresión y de prensa contenido en la Constitución Nacional, sin embargo, revela serias restricciones debido a que periodistas y medio de prensa han padecido las continuas demandas penales y civiles por difamación y calumnia.
“Adicionalmente, los medios expresaron preocupación por los intentos del gobierno y del sector privado de retirar anuncios pagados -una fuente significativa de ingresos- cuando los medios publicaron información que no les era favorable”, detalla el documento.
Caso por caso, el informe recuerda que en el mes de abril de 2021, la Asociación Interamericana de Prensa se quejó de agresión policial en contra de periodistas que cubrían las protestas públicas.
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Mientras que un año antes, la diputada de la Asamblea Nacional, Zulay Rodríguez demandó al periodista Mauricio Valenzuela, del medio digital Foco Panamá, en un tribunal de familia con acusaciones de violencia de género, violar los derechos de un menor de edad y atacar su libertad e integridad personal.
Las denuncias y amenazas a Mauricio Valenzuela están contenidas en el informe.Valenzuela reportó sobre el supuesto involucramiento de Rodríguez en un caso de tráfico de oro.
En septiembre, la fiscal Lorena Quiroz oficialmente presentó el caso y subsiguientemente fue aprobado por un juez del tribunal de familia. El proceso y la admisión de cargos por violencia de género (en vez de difamación y calumnia) resultó en quejas públicas por los usuarios de los medios sociales y organizaciones de la sociedad civil.
El Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas emitieron una declaración de prensa conjunta cuestionando los cargos y con preocupaciones relacionadas a la libertad de prensa.
En abril, el abogado Ronier Ortíz, un miembro del equipo de defensa legal del expresidente Martinelli, amenazó públicamente a Foco Panamá por su cobertura negativa de Martinelli. En respuesta el Fórum de Periodistas, el Consejo Nacional de Periodistas y la Asociación Panameña de Radiodifusión emitieron un comunicado conjunto condenando amenazas violentas directas en contra de los medios, diciendo que las declaraciones de Ortíz eran “intolerables”.
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En junio, la periodista Flor Mizrachi recibió amenazas de muerte luego de que su reportaje investigativo descubrió una clínica no registrada de vacunación contra la covid-19 que administraba vacunas clandestinas en el barrio de alto estrato social Coco del Mar.
Mizrachi presentó una querella ante la Procuraduría General de la Nación, la cual abrió una investigación relacionada al tema.
En agosto, sigue detallando el documento del Departamento de Estado, Annette Planells, cofundadora de la ONG Movimiento Independiente (Movin), recibió amenazas anónimas mediante terceros luego de que la ONG publicase supuestos esquemas de corrupción en la Asamblea Nacional. Movin es la fundadora y principal financista de Foco Panama.
Recuerda que en Panamá la ley penaliza la difamación y las penas incluyen multas, cárcel o ambas.
Corprensa padece en la actualidad un secuestro financiero.En este sentido destaca el caso de Corporación La Prensa (Corprensa), que edita los periódicos La Prensa y Mi Diario, que desde el año 2020 sufre un embargo de sus activos, ordenado por una tribunal civil en espera de un fallo.
Corprensa estaba atrasada en el pago de una fianza financiera por más de un millón de dólares en una demanda de difamación y calumnia de 2012 iniciada por el expresidente Pérez-Balladares.
Corprensa tenía ocho años de estar apelando el caso.
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