La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó el primer bloque del proyecto de reformas al Código Electoral, pero en el proceso eliminó 17 artículos de la propuesta original, lo que no es apoyado por el Tribunal Electoral (TE), que catalogó de retroceso lo actuado por los diputados que integran la comisión.
El magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Heriberto Araúz, dijo que es un claro retroceso respecto a lo que se avanzó en las últimas reformas aprobadas en 2017.
El magistrado Araúz indicó que se oponen a que se eliminen artículos aprobados en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), los que en gran medida guardan relación con el financiamiento público respecto a una distribución más equitativa entre la libre postulación y los partidos políticos.
Los diputados aprobaron el primer bloque de reformas en el que introdujeron artículos nuevos, los que según el magistrado Araúz se desconoce el contenido.
Magistrados del Tribunal Electoral, en la discusión en primer debate sobre el proyecto de reformas electorales. LP Pastor MoralesEl TE se opone a que se elimine el artículo 19 del Proyecto de Ley No. 544, que modifica el artículo 66 del Código Electoral, toda vez que atenta contra la paridad que se pretende exigir para la integración de los directivos y dignatarios de los partidos políticos en formación.
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La entidad también se opone a que que se elimine el artículo 36 del Proyecto de Ley No. 544, que modifica el artículo 154 del Código Electoral, porque contiene la propuesta de eliminar el fuero penal electoral del que gozaban los enlaces. El TE se mantiene en lo aprobado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales de eliminar el fuero penal electoral.
Entre los artículos eliminados por la Comisión de Gobierno hay uno que incluye la propuesta de entregar el financiamiento público preelectoral para los candidatos por libre postulación según la cantidad de electores por circunscripción. Esto según los proponentes fortalece las candidaturas por libre postulación al garantizar mayor equidad.
Otro de los artículos dejados por fuera del debate tiene que ver con el hecho de que por primera vez, se les exige a los partidos políticos y candidatos por libre postulación presentar un informe sobre el uso del dinero público, suscrito por un tesorero y certificado por un contador público autorizado.
Además se eliminó uno que propone dar parte a la Fiscalía General Electoral para que inicie investigaciones por desvío de fondos de gastos no inherentes a la campaña y no devolución de las sumas no justificadas.
La Comisión de Gobierno continúa el debate sobre el proyecto de ley sobre reformas electorales. LP Pastor MoralesLos diputados también están en contra de la propuesta de que no se entregará la credencial a ningún candidato proclamado si no entrega su informe, y la entrega posterior al plazo será sancionada según se indica en el artículo 504-C.
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El TE sostiene que su eliminación afectaría la rendición de cuentas de los candidatos proclamados en las elecciones generales. Además, es contrario a lo que ya contempla la legislación actual en el artículo 424 del Código Electoral, lo que consiste en un retroceso al ser este uno de los cambios más importantes que se aprobó con la reforma pasada.
Así mismo rechaza la modificación en la que se elimina la condición de no entregar la credencial para que el candidato proclamado rinda el informe de ingresos y gastos, disposición que, además, ya está consignada en la legislación actual en el artículo 424 del Código Electoral.
El TE también se opone a que se elimine la facilidad para recoger firmas en materia de revocatoria de mandato por iniciativa popular, a través de medios digitales con validación biométrica. Eliminar este numeral produciría discriminación con relación a los demás procesos, además que atentaría contra la voluntad popular en perjuicio de las iniciativas que deben tener las mismas facilidades para recoger firmas que los otros procedimientos.
El presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, aseguró ‘lo que estamos propiciando es un proceso de transparencia en los procesos electorales’.
