La Fundación Conciencia Ciudadana expresó su rechazo la forma tan turbia, confusa y poco transparente como se ha manejado la licitación del Hospital Integral Panamá Solidario, obra ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas (Mop), por lo que le solicitó al Ministerio Público (MP) que cumpla su rol e investigue a fondo los hechos.
La fundación indicó en un comunicado que en la licitación del hospital modular, adjudicada a la empresa SmartBrix, hubo dos empresas que perdieron la contratación VA Project y TKL Imports&Exports . Que el día 1 de junio de 2020, el CEO de la empresa Turmaks, empresa fabricante de los módulos que ofreció TKL manifestó a través de Radio Panamá, que contactó a todos sus agentes y ninguno sabía del evento en Panamá.
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Según se divulgó el CEO de la empresa Turmaks indicó que un representante de la empresa ganadora de la obra en Panamá supuestamente semanas antes los habían contactados, pero para solicitar una cotización de un hospital modular en Colombia y que aparentemente esa cotización terminó en el hospital de Panamá con distintos costos.
El Procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa instruyó a la Fiscalía Especial Anticorrupción iniciar una investigación de oficio sobre el proceso de licitación del Hospital Integral Panamá Solidario y la posible comisión de un delito contra la administración pública. Luego de esto es poco lo que se ha avanzado por la suspensión de los términos judiciales por el covid-19, según se informó.
En tanto, la Contraloría General de la República anunció que reanudó las inspecciones de las obras estatales tomando en cuenta que las gestiones de cobro de las empresas no se afectaron durante la contingencia, ya que se permitió la presentación de soportes de cuentas de buena fe refrendados por personal idóneo de las empresas, lo que ahora se fiscalizará en campo.
La ciudadanía ha exigido la salida del ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge por este caso, que entre otros aspectos se cuestiona su costo de 6.5 millones de dólares, el supuesto uso de material de segunda y hasta el pago posterior por el uso del terreno en Albrook. Sin contar que su equipamiento costarían otros 6 millones de dólares más.
Ante esto, el propio mandatario Nito Cortizo aseguró que no removerá al ministro y no cree que ande en actos de corrupción. Solo pidió que facilite más explicaciones a la ciudadanía.
