La ampliación de los descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores abrió un nuevo frente entre el sector empresarial y la Asamblea Nacional. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) pidió este domingo al presidente José Raúl Mulino vetar en su totalidad el Proyecto de Ley 226, argumentando que las nuevas obligaciones podrían ejercer mayor presión sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. El gremio sostiene que proteger a los adultos mayores es necesario, pero cuestiona la forma en que se financiarían esos beneficios.
MiPymes en el centro de la discusión
El proyecto fue aprobado el jueves 27 de agosto en tercer debate con 47 votos a favor y uno en contra. La iniciativa modifica la Ley 6 de 1987, que desde hace casi cuatro décadas establece descuentos y beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.
La CCIAP advierte que para una MiPyme aplicar un descuento obligatorio significa recibir menos por una venta mientras gastos como planilla, alquiler, electricidad, insumos, financiamiento e impuestos se mantienen.
Según el gremio, una presión permanente sobre los costos podría llevar a empresas a reducir márgenes, aumentar precios, frenar inversiones, contratar menos trabajadores o incluso dejar de operar.
Diputados junto a miembros de la Asociación de Jubilados de Panamá. Cortesía/Asamblea Nacional¿Qué cambia para los jubilados?
El texto aprobado contempla, entre otros beneficios, 30% de descuento en medicamentos, 15% en servicios de hospitales, clínicas, laboratorios privados y centros de imagenología, además de descuentos relacionados con tarjetas de crédito y otros servicios.
Una modificación especialmente relevante afecta las promociones. Actualmente, Acodeco señala que cuando un producto o servicio ya tiene descuento, el beneficiario escoge entre esa promoción y el beneficio establecido por la Ley 6. El proyecto aprobado contempla que, si el precio promocional es inferior al regular, se aplique 15% adicional sobre ese precio rebajado.
CCIAP cuestiona el crédito fiscal
Otro punto de discusión es el mecanismo para reconocer fiscalmente los descuentos. La CCIAP considera que establecer un crédito fiscal del 100% no elimina automáticamente el problema.
El gremio plantea que primero habría que determinar su viabilidad, cuánto costaría a las finanzas públicas y si el Estado tendría capacidad para hacerlo efectivo. Su cuestionamiento de fondo es si resulta sostenible ampliar una política social mediante obligaciones que recaen sobre las empresas.
Ahora la decisión queda en el Ejecutivo
La posición empresarial choca con el objetivo social defendido durante la discusión legislativa: actualizar beneficios para una población que enfrenta mayores costos de vida. La Ley 6 de 1987 ya contempla descuentos en restaurantes, medicamentos, transporte, hoteles, servicios médicos y otras actividades.
La CCIAP propone, en lugar de sancionar el proyecto tal como salió de la Asamblea, abrir una revisión técnica, fiscal y económica del sistema.
Ahora el debate pasa al Ejecutivo: ampliar el alivio económico para los adultos mayores sin comprometer la sostenibilidad de los negocios que deben aplicar parte de esos beneficios.
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