El tiempo corre para las autoridades de la pasada administración en Panamá. Roxana Méndez, directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), ha reiterado que los representantes de corregimiento y miembros de juntas locales tienen hasta finales de este mes para presentar sus informes sobre el uso de los fondos públicos recibidos. Aquellos que no cumplan con este requisito verán sus procesos remitidos a otras instancias para una investigación formal.
“Estamos dando la oportunidad para que presenten evidencias, sustenten y, los que no lo hacen, pues ya se procederá con una investigación oficial”, afirmó Méndez. Según la directora, semanalmente siguen recibiendo informes, y actualmente el 25% de las exautoridades han presentado la documentación solicitada. Si el ritmo de entrega se mantiene, se espera que para finales de octubre se logre recopilar entre el 60% y 70% de la información, siendo el objetivo llegar al 100%.
754 gobiernos locales bajo la lupa
En total, son 754 gobiernos locales los que deben rendir cuentas sobre el uso de los fondos de descentralización en sus comunidades. De los 680 representantes de corregimiento que recibieron fondos, 500 no fueron reelegidos, en parte por el cuestionamiento sobre la gestión de estos recursos.
El actual contralor, Anel Bolo Flores, enfatizó que las personas involucradas en estas transferencias de dinero ya conocen la fecha límite para cumplir con sus descargos. Recordó que no presentar la documentación en el tiempo establecido constituye un delito.
Un uso cuestionado de los fondos
Del 2021 al 2024, aproximadamente 320 millones de dólares se destinaron a lo que se denominó “descentralización paralela”, un programa que funcionó en paralelo a la descentralización oficial, otorgando recursos discrecionalmente. Según Méndez, la mayoría de estas asignaciones no han sido justificadas con informes de gestión. Además, investigaciones de la AND han detectado el uso discrecional de una cuenta financiera creada en 2018 bajo el subprograma de Interés Social, formalizada por el Ministerio de Economía y Finanzas.
La autoridad ha dado un plazo de 60 días, a petición del presidente José Raúl Mulino, para que las autoridades reelectas y las nuevas presenten sus informes detallados sobre el uso de estos fondos.
