Un total de 46 imputados por el delito de peculado mantiene la Fiscalía Anticorrupción de Descarga en el caso relacionado con las transferencias de dineros realizada por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hacia las Juntas Comunales de Chilibre, San Francisco, Pedregal, Ancón, Las Cumbres, Alcaldedíaz, Calidonia, San Martín, San Felipe, Tocumén, Las Mañanitas, 24 de Diciembre, Bella Vista y el Municipio de Panamá.
Las transferencias realizadas provenían de las partidas circuitales de los diputados durante el periodo 2009-2014, de acuerdo a un informe del Ministerio Público se hicieron sin un debido sustento como lo exige la ley, esto es la falta de recursos, declaración de estado de emergencia o alguna necesidad que justificara los traslados de partida, se argumentó que serían usadas en la realización de proyectos de interés social y comunitario, sin embargo los dineros se malversaron y la ayuda social no llegó a las comunidades.
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Este caso que estaba paralizado se reactivó luego que el Segundo Tribunal de Justicia, mediante un fallo de 16 de diciembre de 2019, rechazara una apelación de los abogados a la decisión del Juzgado Quinto Penal del 27 de febrero de 2019 que declaró la causa compleja y otorgó a la fiscalía un año para la tramitación del expediente.
Juez envía al Ministerio Público los 93 tomos del caso de las juntas comunalesLa fiscalía tiene pendiente la formulación de cargos en contra de los ex diputados relacionados con los hechos investigados, además contra los representantes legales y propietarios de las sociedades proveedoras y los particulares que brindaron supuestos servicios profesionales a las diferentes Juntas Comunales, así como remitir compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que sean investigados los diputados mencionados en los auditos de la Contraloría.
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Otra diligencia pendiente por parte de la fiscalía es actualizar con el Tribunal Electoral el estado del fuero penal electoral de los imputados que adquirieron dicha prerrogativa posterior a la formulación de cargos el 21 de diciembre de 2018 y de otra providencia de indagatoria del 12 de febrero de 2019.
La auditoria de la Contraloría reveló que el perjuicio patrimonial es de 3 millones 330 mil 719 dólares con 30 centavos.
