Ante una posible lesión patrimonial que supera los 24 millones de dólares, la Fiscalía General de Cuentas solicitó al Tribunal de Cuentas el llamamiento a juicio para 262 personas en el caso del proceso de compensación denominado rescate administrativo del sistema de movilización masiva de pasajeros en los distritos de Panamá y San Miguelito mejor conocidos como ‘diablos rojos’.
La Fiscalía ha pedido juicio para 224 personas naturales, 5 personas jurídicas, 5 fiscalizadores de la Contraloría, 7 ex funcionarios de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y 21 concesionarias.
La investigación se realizó en las provincias de Panamá, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Darién y Los Santos.
Con el cambio de sistema de buses diablos rojos en los distritos de Panamá y San Miguelito, para dar paso a Metro Bus, el Estado entregó indemnizaciones entre los años 2009-2014 a 2 mil 649 certificados de operación o cupos, lo que también es investigado por el Ministerio Público.
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Una auditoría de la Contraloría General de la República determinó que de los 590 cupos revisados, en 70 de ellos no se registran pagos. En los 520 restantes que fueron indemnizados 462 tenían retrasos en los pagos de placa de transporte público e irregularidades como que se reasignaron y traspasaron a nuevos titulares.
Otra de las irregularidades encontradas es que se observa que las solicitudes de las concesionarias para acogerse al beneficio , contenían información manuscrita sobrepuesta, tachones, borrones, textos ilegibles, sin fecha y firma de los representantes de las concesionarias.
También se encontró que la ATTT, pagaba la compensación por los cupos sin que antes se acreditara la solicitud de la concesionaria.
La Fiscalía General de Cuentas estableció que siete funcionarios de la ATTT fueron los que se encargaron de realizar las compensaciones a las organizaciones transportistas y propietarios de buses quienes recibieron $24 millones del Estado en materia de compensación, pagos que fueron refrendados por funcionarios de la Contraloría.
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