¿La cuarta será la vencida? Ministro de Seguridad presenta un nuevo proyecto de ley de la extinción de dominio

El Ministro de Seguridad Juan Manuel Pino, presentó la mañana de este jueves, por cuarta vez, un nuevo proyecto de ley de extinción de dominio de bienes ilícitos, que tiene como objetivo debilitar el músculo financiero de los grupos criminales.

Fueron tres meses donde el Órgano Judicial, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio Público participaron en la confección de este documento, el será presentado en los próximos días a la Asamblea Nacional de Diputados.

El proyecto de Ley 625, presentado por el ministro, fue rechazado el pasado 27 de abril de 2023 en el pleno de la Asamblea Nacional, al cierre de la legislatura del cuarto periodo y se ordenó el archivo.

Pino explicó que, el nuevo proyecto de extinción de dominio, de 89 artículos ya se aprobó en Consejo de Gabinete el pasado 8 de agosto, para ser presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional.

LEA TAMBIÉN: Jueza envía a prisión al conductor que mató a pareja

Añadió que este nuevo proyecto es “de vital importancia para el país, toda vez que es una herramienta que puede usar el Estado panameño para contrarrestar el crimen organizado transnacional”.

Es un asunto técnico – legal, agregó el ministro, que ha tenido sus ajustes pero en el fondo es lo mismo: contrarrestar el músculo financiero. “Tocará a la Asamblea debatir este anteproyecto que se ha hecho de forma conjunta entre el Órgano Judicial, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg)”.

El secretario general del Minseg, Jonathan Riggs, explicó que para la elaboración de este anteproyecto se tomó en cuenta las lecciones aprendidas del rechazado proyecto de Ley 625, por lo que el equipo interinstitucional hizo un nuevo documento, que garantiza el debido proceso y el respeto a las garantias constitucionales.

El fiscal superior del Ministerio Público, Rómulo Bethancourt, indicó que el Ministerio Público tendrá que demostrar en una investigación, que un bien determinado está vinculado por su origen con la criminalidad, mediante herramientas que ya el sistema jurídico reconoce, que es través del procedimiento penal.