Ante la creciente ola de críticas por la nueva regulación del transporte por aplicaciones, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este sábado que evaluará el Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026.
El mandatario reaccionó luego de que el tema encendiera el debate público en redes sociales y distintos sectores del país. A través de su cuenta en X, adelantó que sostendrá una reunión este lunes con autoridades de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y del Gobierno para revisar los puntos más cuestionados de la normativa.
Aunque no detalló posibles cambios, dejó entrever que la intención es escuchar todas las posturas antes de tomar decisiones, en medio de la preocupación de conductores y usuarios sobre el impacto de las nuevas reglas.
José Raúl Mulino, presidente de Panamá. Foto/CortesíaJosé Raúl Mulino
“No estamos para perjudicar a nadie y se busca mejorar la seguridad del servicio”.
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inDrive cuestiona efectos de la regulación
En paralelo, la plataforma inDrive fijó su posición frente al decreto, advirtiendo que algunas de las medidas propuestas podrían generar efectos adversos tanto para conductores como para usuarios.
La empresa señaló que trasladar el modelo de las plataformas digitales hacia esquemas similares al transporte tradicional podría limitar la participación de miles de conductores, especialmente aquellos que dependen de esta actividad como ingreso complementario.
También alertó sobre nuevas exigencias operativas, posibles restricciones por zonas y barreras administrativas que, a su juicio, podrían reducir la oferta de vehículos y encarecer el servicio.
He estado leyendo muchas opiniones sobre Decreto Ejecutivo 10. Lunes me reuniré con autoridades de Attt y @MinGobPma para revisar todos esos puntos de vista. No estamos para perjudicar a nadie y se busca mejorar con seguridad el servicio.
— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) April 18, 2026
Pese a ello, reiteró su disposición a colaborar con las autoridades para lograr una regulación equilibrada que garantice seguridad sin frenar el acceso ni las oportunidades económicas.
Hasta ahora, ni el Ejecutivo ni las plataformas han confirmado si habrá modificaciones inmediatas, pero el debate sigue abierto y en constante evolución.
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